La reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador y que ayer defendió el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sería un golpe directo no solo a la generación de energía eléctrica en México, sino a quienes financian esa industria. Bancos comerciales y públicos, además de fondos de inversión del Estado Italiano, de Pensiones de los Maestros de Quebec y afores mexicanas, como Siglo XXI, Banorte y Banamex, financian con inversiones, fondos y créditos directos y bursátiles, a la industria de generación eléctrica en México que, de verse modificada y afectada con la modificación o cancelación de contratos, repercutiría directamente en las instituciones financieras públicas y privadas, así como en las Afores y en los fondos de inversión extranjeros.
De acuerdo con datos de análisis financiero realizado por especialistas del sector energético, tan solo la banca comercial fondea e invierte en este momento cerca de 40 mil millones de dólares (mdd), en créditos y financiamientos otorgados a la industria de generación eléctrica en México; mientras que la banca pública de desarrollo social, a través de Nafinsa y de Banobras, otorgan garantías a las centrales eléctricas del país, equivalentes al 60% del costo total de esas centrales que, al entrar en funcionamiento, reciben financiamiento de afores como Siglo XXI, Banorte y Banamex. Banobras también ha aumentado su participación y financiamiento al sector eléctrico privado y en los últimos seis años aumentó su cartera de crédito directo en materia energética del 15 a 26% ante la confianza y el dinamismo de esa industria.
Es por eso que una modificación radical del actual modelo eléctrico y una afectación a los contratos privados golpearía duramente al sector financiero nacional, pues de 100% de la inversión que hoy existe en la generación eléctrica en México por parte de privados, 30% es del capital desarrollador y 70% capital de los inversionistas, entre los que 80% proviene de créditos directos de la banca comercial, de la banca de desarrollo y hasta de la banca internacional, mientras que solo 20% son créditos bursátiles adquiridos por afores, aseguradoras, fondos de inversión e inversionistas privados.
Ayer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, defendió la propuesta de reforma constitucional al asegurar que con esta iniciativa se “promueve la participación de la comunidad de inversionistas privados en el sector energético ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comprará electricidad y capacidad de generadores privados, sin utilizar la CFE, como un respaldo financiero, lo que debería incentivar la eficiencia de costos”, según el funcionario, quien acusó que “hubo un abuso de los esquemas de suministro de energía (autoabasto), en los que las empresas privadas promovieron simulación de modelos suministro que se parecen más a negocios financieros”.
En la respuesta a la pregunta que le hicieron ayer en el seminario del Atlantic Council, dijo que la iniciativa “promueve un sistema eléctrico para promover un desarrollo ordenado que favorezca, seguridad, servicio confiable, continuidad y estabilidad en la prestación del servicio” y, a pesar de su defensa, dijo que se mantiene atento a las reacciones de las calificadoras internacionales a la reforma.
Ramírez de la O, en su necesidad de apoyar la iniciativa, parece perder la perspectiva del grave impacto que tendrá la reforma no sólo en las empresas, sino también en las instituciones financieras, fondos y afores.
¿Realmente no lo sabe o no lo puede decir porque se molestaría su jefe, el presidente que ha declarado como prioridad su contrarreforma energética?
