En el contexto de la disputa por la gubernatura de San Luis Potosí que se renueva el próximo año, al diputado federal Ricardo Gallardo Cardona le están reviviendo antiguas denuncias que cuestionan su honestidad y la legalidad de sus actividades políticas. Además de la denuncia que preparan en la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los movimientos financieros del legislador y su familia, en la que mencionan presuntos vínculos con delincuencia organizada, en la Procuraduría Fiscal Federal hay otra denuncia por defraudación fiscal equiparada en el pago de ISR por 7 millones de pesos que, acusan, Gallardo Cardona no pagó al SAT del ejercicio fiscal de 2012.
El asunto va en que la Procuraduría Fiscal interpuso un juicio de amparo indirecto el pasado 1 de julio, en el que solicita a los magistrados del Tribunal Unitario del Noveno Circuito con residencia en San Luis Potosí, la protección de la Justicia Federal para que se subsanen “violaciones de derechos humanos y garantías fundamentales” cometidas contra la parte quejosa que es la PFF y pide que se invalide la declaratoria del “no ejercicio de la acción penal” en contra de Ricardo Gallardo.
Pero detrás de toda esta historia de denuncias y acusaciones en contra del actual diputado federal por el PVEM al que la UIF investiga por sus movimientos financieros y la Procuraduría Fiscal por presuntas evasiones está, sin menoscabo de las denuncias oficiales y el curso que tomen, una guerra política desatada por la gubernatura de San Luis Potosí. Gallardo es uno de los aspirantes declarados al gobierno estatal y ya figura en varias encuestas de empresas como Consulta Mitofsky, Gabinete de Comunicación y otras en primer lugar de preferencias, seguido del aspirante del PAN, Xavier Nava, actual alcalde de la ciudad de San Luis Potosí. Desde su diputación en la bancada del verde, Gallardo ha operado una posible alianza con Morena para ser candidato, la cual está condicionada a la decisión que tome el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, de si decide ir o no como candidato a las elecciones potosinas. Si Moctezuma no va, entonces el diputado sería candidato de la alianza PVEM-Morena.
Eso lo ha colocado en la mira de sus adversarios, marcadamente del alcalde potosino Nava, de quién se dice contrató los servicios del abogado Javier Coello Trejo para impulsar y retomar los antiguos expedientes judiciales en contra de Ricardo Gallardo que fueron abiertos en 2014 justo en el gobierno de Peña Nieto.
Veremos en qué termina toda esta guerra potosina, en la que desde el poder estatal han pedido que las instancias federales revivan las denuncias y acusaciones delicadas en contra de Gallardo para tratar de descarrilar una eventual candidatura por Morena. El juego de fuerzas es interesante porque al parecer el PRI, que es el partido del gobernador Juan Manuel Carreras, está prácticamente aniquilado y será importante ver hacia dónde se mueve el mandatario estatal.
En fin que los políticos potosinos, fieles a su pasado huasteco, nahua, pame y totonaca, traen una guerra cruenta por la gubernatura que se renueva en 2021.
