Un juez federal, al que la Fiscalía General de la República, ya le había solicitado una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, detuvo el trámite para esa petición, luego del fallo del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara Carrancá, lo que significa que, en términos del Poder Judicial Federal, los argumentos del desechamiento de la Controversia Constitucional que dictó el ministro, sí le otorgaron un blindaje jurídico y constitucional al mandatario estatal, al considerar que sigue manteniendo el fuero porque así lo decidió el Congreso local.
El juez en materia penal, ubicado en un centro penitenciario del Valle de México, ya había aceptado tramitar la orden de aprehensión contra Cabeza a petición de la FGR, pero el fin de semana, tras la decisión del ministro González Alcántara, dio aviso de que ya no podía procesar la petición de la Fiscalía, por considerar que el acusado seguía gozando de la protección constitucional, según el criterio establecido en el texto con el que se desechó la controversia interpuesta por el Congreso de Tamaulipas.
En ese sentido, la Cámara de Diputados, según fuentes del Palacio Legislativo de San Lázaro, prepara una impugnación al fallo para que sea revisado por la Corte, al considerar que González Alcántara “se excedió en sus facultades”, pues al desechar la controversia pretendió establecer criterios y argumentaciones jurídicas que debieron ser discutidas o votadas por el pleno de alguna de las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En ese sentido se pronunció ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el líder morenista, Ignacio Mier Velazco, quien en Twitter cuestionó la autoridad del ministro para desestimar o desechar una decisión, como el desafuero de la Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia.
Así que mientras el choque de interpretaciones continúa, y en el gobierno federal y en la 4T apuran y presionan para que la Fiscalía General de la República proceda a la detención del gobernador de Tamaulipas, en la entidad tamaulipeca advierten, como ayer lo hizo el líder del Congreso local, el panista Gerardo Peña, que “una decisión como la detención del gobernador significaría la ruptura no sólo del orden constitucional, el estado de derecho, sino también de la República, si actúan de esa manera ya no tendría sentido la República federal que somos”, comentó ayer el presidente del Congreso tamaulipeco en una especie de advertencia de que su estado podría desconocer o romper el pacto federal si, a pesar del fallo del ministro González Alcántara, se decide proceder contra el gobernador Cabeza de Vaca.
Y en medio de todo ese debate que se tensa cada vez más, ayer López Obrador apareció en su conferencia matutina, desde Torreón, completamente desinformado. Cuando le preguntaron su opinión sobre el desechamiento y los argumentos del ministro González Alcántara, el presidente dijo que “al ser desechada la controversia, el gobernador ya no tiene fuero y la FGR podría proceder en su contra”, pero el mandatario tuvo que reconocer que no se había enterado del documento con el que el ministro desechó el recurso del Congreso de Tamaulipas. El problema que tienen ahora el presidente y la 4T es que, por más que quieran y presionen, el fiscal Alejandro Gertz no podrá obtener una orden de aprehensión, pues los jueces se están apegando al criterio emitido por el ministro que le reconoció aún el fuero a Cabeza de Vaca por la decisión soberana y constitucional del Congreso local. Veremos qué juez se avienta a ordenar la detención.
