La primera vez que trabajé en el CIDE fue en 2001. Entré como asistente de investigación a la División de Estudios Jurídicos (DEJ), recién fundada, como una apuesta por transformar la anquilosada enseñanza del derecho en el país. El proyecto buscaba enseñar al derecho no solo como un conjunto de normas, como lo hacían otras escuelas, sino como una herramienta de solución de conflictos sociales. Desde la investigación buscábamos documentar la realidad jurídica de este país, en lugar de las normas impresas en papel. Mis investigaciones de maestría y doctorado fueron gestadas en las discusiones que en ese entonces había en la DEJ. Para el doctorado realicé una etnografía del Ministerio Público en la Ciudad de México. Acompañaba a peritos y agentes a realizar diligencias ministeriales, observaba el proceso de denuncia en la barandilla y la toma de declaraciones a detenidos para entender la gran brecha entre derecho y realidad.
Del CIDE surgieron las primeras encuestas a personas privadas de la libertad en cárceles, que luego se usaron como base para la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Inegi (hoy suspendida por las medidas de austeridad). Por primera vez tuvimos en el país datos cuantitativos sobre tortura durante las detenciones, sobre las condiciones carcelarias y sobre las características sociodemográficas de las personas en prisión. Esos datos permiten entender dónde están las fallas del sistema penal mexicano, ese que el gobierno actual no ha tenido interés en mejorar.
Desde el Programa de Política de Drogas del CIDE, he llevado a cabo varios proyectos que echan luz sobre problemas jurídico-sociales. Uno es el Monitor de la Fuerza Letal, que documenta el uso —y abuso— de la fuerza letal que hacen agencias de seguridad en varios países de América Latina. El monitor permite, entre otras cosas, encontrar patrones de abuso que apunten hacia la existencia de ejecuciones extrajudiciales. Otro es el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), que estudia los efectos de la prohibición de drogas en América Latina. Allí mostramos cómo la guerra contra las drogas en el gobierno de Calderón estaba dirigida hacia los eslabones más débiles, especialmente los consumidores, y que las erradicaciones forzadas en México se hacen usando grandes cantidades de químicos muy tóxicos en lugares muy pobres.
A veces, estas investigaciones, como otras que se hacen en los Centros Públicos, producen información incómoda para los funcionarios, pero permite evaluar instituciones gubernamentales y políticas públicas. Además, posibilitan la formación de jóvenes que quieren dedicarse a la investigación. La mayoría se realizan con recursos privados que llegaron al CIDE a través de su fideicomiso. No con dinero público.
Dicen que van a desaparecer los fideicomisos para hacer frente a la contingencia sanitaria. Es mentira, gran parte de los recursos ya están comprometidos y la ley no permite usarlos en gasto corriente.
Dicen que es porque son una herramienta de corrupción. También mentira, son auditables y auditados. Curiosamente otros fideicomisos, como de Sedena, quedarán intactos.
Los fideicomisos permiten que Centros Públicos tengan autonomía presupuestal y no dependan de la voluntad presidencial. Eliminarlos permitirá debilitarlos y controlarlos. Es una respuesta mezquina de una presidencia que odia la crítica y busca concentrar cada vez más poder.
