Estafa Maestra: la conexión del PRI
 
Hace (40) meses
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Salvador García Soto
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En la sede nacional del PRI, en la Avenida de los Insurgentes Norte, había una oficina a donde llegaba buena parte del dinero en efectivo que se extraía del erario federal y se “blanqueaba” a través del mecanismo de contratos simulados con instituciones públicas, denominado la Estafa Maestra.

Durante los seis años que duró el gobierno de Enrique Peña Nieto, en esa oficina, la de la Secretaría de Finanzas del CEN priista, despachó un hombre de todas las confianzas del presidente: el sinaloense avecindado en el Estado de México Luis Vega Aguilar, por cuyas manos pasaban todos los dineros para las campañas priistas, los de origen legal, vía financiamiento del INE, y los de origen incierto.

El nivel de confianza que Peña Nieto tenía en el financiero priista era tal que ninguno de los seis dirigentes nacionales del PRI que desfilaron por el partido gobernante, desde César Camacho Quiroz hasta Claudia Ruiz Massieu, pasando por Manlio Fabio Beltrones, Carolina Monroy, Enrique Ochoa y René Juárez, podían tocar ni mover al encargado de las finanzas partidistas y, por el contrario, tenían que tratar con pinzas a Vega Aguilar, porque sabían que le reportaba directamente a Los Pinos de los manejos financieros del partido. El nombre de Luis Vega junto con el de su subsecretario de Finanzas, Sergio Castro, podrían salir a relucir en el caso de la Estafa Maestra cuando Rosario Robles comience a informar, como ya anticipaba este martes su abogado, cómo el dinero que era sacado de las arcas federales y lavado a través de los contratos simulados con universidades públicas y otros institutos tenía como uno de los destinos finales apoyar a las campañas y a los candidatos del PRI, como en el caso de la campaña presidencial de José Antonio Meade, a donde según la defensa de la exsecretaria se le inyectaron parte de esos recursos.

El dinero que se sacaba a través de ese mecanismo de triangulación y que era pagado a empresas fantasma, que a su vez lo mandaban a los beneficiarios finales, puede ser estimado en miles de millones de pesos no solo de Sedesol y Sedatu, sino de otras dependencias federales como Pemex y otras más en donde se implementaba este esquema que nació originalmente en el gobierno del Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador y se utilizaba a la Universidad Autónoma del Estado de México para sacar y lavar dinero público a través del mismo mecanismo que después sería replicado a nivel federal.

Una parte de esos recursos tenía como destino la sede nacional priista y llegaba a la oficina de la Secretaría de Finanzas, desde donde recibían y dispersaban los recursos públicos a distintos estados de la República para apoyar campañas de candidatos del viejo partido. Esa era la labor de Vega y Castro, y en el camino, de acuerdo con exdirigentes priistas consultados por esta columna, se quedaban con una parte de los recursos, a la que llamaban “el diezmo” por tratarse de un porcentaje del 10 por ciento del monto del dinero que ingresaban y sacaban de la oficina financiera del PRI.

Hoy, después de los seis años en los que tuvo un poder absoluto y una protección total del presidente, poco se ve y sabe públicamente de Luis Vega, que es actualmente diputado local en el Congreso del Estado de México, a donde lo mandó Peña Nieto por la vía plurinominal para tratar de protegerlo con el fuero, mientras que de su subsecretario, el sonorense Sergio Castro, se dice que ya no vive en México y que “se mudó” hace un par de meses a Estados Unidos, justo cuando Emilio Lozoya comenzó a mencionar sus nombres y el papel que jugaron desde la Secretaría de Finanzas del CEN priista en la dispersión del dinero de los sobornos de Odebrecht.

Según personas cercanas, tras su salida del PRI, en diciembre de 2018, ambos incursionaron en el lucrativo negocio de los activos inmobiliarios principalmente con propiedades y oficinas en la zona de Santa Fe. Y por lo que cuentan, ninguno de los dos tiene problemas económicos…

Los dados mandan serpiente doble. Caída libre.

 

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