Las expresiones e incitaciones a la violencia de Félix Salgado Macedonio en contra de los consejeros electorales del INE y sus amenazas de sabotear las elecciones en Guerrero si él no es candidato, no pueden tomarse solo como un desliz o un exceso verbal del político morenista. Detrás de ese discurso violento y pendenciero está no solo la personalidad rebelde y rupestre del autonombrado “Toro sin cerca”, sino también está la responsabilidad del presidente López Obrador que, al defender y sostener contra todo a Salgado, se ha convertido en el ganadero que azuza al bovino embravecido y a todo el rebaño morenista a que embistan contra la autoridad electoral a la que él mismo desprecia y descalifica.
Sólo que López Obrador azuza al toro desde la comodidad de su jaula que es Palacio Nacional y con la inmunidad que le otorga el poder presidencial, un poder que tristemente está siendo utilizado para desacreditar e intentar someter a las autoridades electorales, tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El propio mandatario encabeza y dirige la embestida contra las instituciones comiciales, en un intento por evitar que los organismos y funcionarios que deben vigilar la legalidad, equidad y normalidad de los comicios, le apliquen la ley al partido gobernante.
El problema es que los ataques del presidente, que se repiten todos los días expresando su desconfianza y malestar contra las autoridades electorales, está empezando a tomar niveles preocupantes al tomar tintes de violencia política al emitirse mensajes y amenazas que incitan a la violencia e incurren incluso en conductas tipificadas como delito en las leyes penales y electorales.
Félix Salgado anuncia ahora que conoce “las direcciones particulares” de los consejeros electorales y amenaza directamente al consejero presidente Lorenzo Córdova, al que se refiere como “cabroncito”, con ir hasta su casa y llevar a sus huestes para ajustar cuentas si el INE le ratifica la cancelación de su candidatura.
Una amenaza tan directa y pública a la integridad de un funcionario público y a su derecho a la privacidad y la intimidad no sólo está tipificada en el Código Penal Federal que en su artículo 209 dice textual: “Al que amenace. Otro con causarle mal en su persona, bienes, honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año a tres meses de prisión o de noventa a trescientos sesenta días de multa”. Pero también en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se contempla como delito electoral las dos amenazas que en las últimas horas profirió Salgado Macedonio.
Tan graves son las amenazas y bravuconadas de Félix, que ayer hasta la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo que salir a condenar las expresiones del morenista al que, sin atreverse a llamarlo por su nombre, le pidió en “un llamado enérgico a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones como a los servidores públicos”.
La mejor definición de lo que ocurrió ayer con las amenazas de Salgado Macedonio, que abonan al arranque de campañas electorales más caótico y enrarecido que hayamos presenciado los mexicanos en los últimos 30 años en los que despuntó la democracia electoral en México con el surgimiento del IFE, ahora INE, la dio ayer el escritor y compañero de páginas en El Universal Guillermo Sheridan, quien resumió a la perfección en un tuit lo que sucede: “Habló el toro (pero pensó el ganso…). Eso es lo realmente peligroso en estas elecciones estratégicas, que detrás del rebaño embravecido y fanatizado, dispuesto a reventar la democracia si esta no les favorece, está el ganadero que los manda y pastorea”.
