Nunca en la historia política de México una reforma legal a la Ley Electoral había puesto en la incertidumbre que hoy se tiene, al sistema político electoral mexicano.
Este mismo año iniciaremos el proceso electoral concurrente –federal y local– más grande en la historia de la república, por la cantidad de ciudadanía que será convocada a las urnas el primer domingo de junio de 2024.
Elegiremos a la persona que ostentará la Presidencia de la República, a las 500 diputaciones federales, a las 128 senadurías y, en el caso de Hidalgo, también a los integrantes de los 84 ayuntamientos y a las 30 diputaciones locales. Cada hidalguense recibirá en su casilla entonces, cinco boletas electorales. Cifra récord.
¿Y la incertidumbre cuál es? Pareciera que, con las cifras dadas, hay poco margen para la duda, pero el problema no son los cargos que elegiremos sino cómo y bajo qué reglas los elegiremos. El llamado Plan B pretende, a través de una reforma legal no discutida e incluso en algunos casos no leída y aprobada ya en la Cámara de origen por la mayoría de legisladores federales, modificar el sistema nacional de elecciones, lo que entraña cambios sustanciales en el cómo se organizan los comicios y poniendo en riesgo la calidad y equidad del proceso electoral.
Hay incertidumbre porque ya corre el mes febrero y el Senado de la República estará por votar en los siguientes días o pocas semanas, este Plan B para su eventual comienzo de vigencia legal y, con ello, el de un ya muy anunciado camino litigioso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La entrada en vigor de esta reforma iniciaría el tránsito hacia una modificación de fondo y sin análisis de factibilidad previos, de la estructura del árbitro electoral a pocos meses del proceso electoral de 2024. Cabe señalar que todas las grandes reformas electorales previas se habían realizado por mayoría calificada, es decir, que aquellas sí fueron modificaciones constitucionales, lo que supone un cierto consenso político y además se realizaron previo a las elecciones federales intermedias y no de cara a una elección presidencial, por aquello de los riesgos y retos propios de una nueva implementación electoral. En la actual, nada de eso sucedió.
En México llevamos una generación, es decir, poco más de 30 años de haber iniciado un largo camino de construcción de una democracia que, si bien es perfectible, ha permitido la transmisión pacífica del poder público a través de comicios libres, organizados por árbitros electorales autónomos y ciudadanizados, con el acompañamiento e integración permanente de los partidos políticos y esta reforma puede suponer la primera vez que se pone en riesgo todo lo construido en las últimas tres décadas.
Que sean estos días una oportunidad de reflexión legislativa, con visión de Estado y talante democrático, que permita escuchar a quienes desde el ámbito técnico y no político tenemos mucho que decir sobre los puntos de este Plan B que sí suponen violaciones a la Constitución y un grave riesgo para la certeza en la organización de los procesos electorales federales y locales.
Tiempo habrá, hasta no contar con un dictamen aprobado en el Pleno de la Cámara de Senadores.
Aprendamos de la historia y aprovechemos los más de 30 años de experiencia que tiene nuestro sistema electoral autónomo y que ha permitido la alternancia política y pacífica en prácticamente todo el país.
Guillermo Corrales
Consejero del Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo
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