Es 24 de marzo de 2020. Tres mil efectivos, en su mayor parte pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, apoyados por elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena, irrumpen sin aviso en el penal de San Miguel, el mismo en el que hace unos días, en un contenedor de basura, fue hallado el cadáver de un bebé muerto.
Se inicia una revisión en cada celda. Los agentes encuentran 118 gramos de “cristal”, 82 envoltorios de heroína, cuatro gramos de cocaína, 100 envoltorios de marihuana y cuatro básculas “grameras”.
No solo eso. Hay 11 teléfonos celulares, 108 armas punzocortantes “hechizas”, 228 navajas, 84 utensilios para consumir droga, 96 charrascas, 106 pantallas de televisión y más de cien mil pesos, que se hallaban en poder de una veintena de internos.
Dos semanas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública regresó al Centro de Reinserción Social de San Miguel.
Si la primera vez aparecieron 11 teléfonos celulares, ahora se aseguraron 121. Se detectó que los internos escondían los celulares en bolsas de basura, colocadas en diversas áreas.
Las autoridades aseguraron 111 cargadores de teléfono, así como otras 26 armas punzocortantes, 72 audífonos, ocho memorias USB y cuatro utensilios para fumar marihuana.
El de San Miguel es uno de los Ceresos más conflictivos del estado. Tiene capacidad para albergar a 2 mil 100 internos. La población actual es de 3 mil693.
No es la primera vez que ocurren en el recinto cosas atroces.
Se puede decir que el Cereso fue inaugurado por Jorge Pellegrini, un excapitán de la Policía Federal de Caminos que en enero de 1983 asesinó en un retén a cuatro militares, dos de ellos mediante el estrangulamiento. El auto en que estos viajaban fue rociado de gasolina y arrojado a una barranca. La autopsia mostró que dos de los cadáveres presentaban disparos. Pellegrini y sus hombres habían matado al primero de ellos por error (creyeron que en lugar de su credencial iba a sacar un arma), y decidieron asesinar al resto para borrar las huellas del crimen.
El federal fue sentenciado a 32 años. En 1988 organizó un motín para destituir al director. Poco después desató un segundo motín que tenía como fin arrebatarle el autogobierno del centro a un interno conocido como el Mongol (Alejandro Morales Enríquez).
Con ayuda de un multihomicida que purgaba una sentencia de 70 años, Florentino Fajardo, Pellegrini asesinó y descuartizó al Mongol. La cabeza de este nunca apareció. Según la leyenda que corre en San Miguel, los restos del Mongol terminaron en un cazo de carnitas. La población penitenciaria se los comió sin enterarse de lo que estaba haciendo.
En 2019 la CNDH hizo un diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria. De 12 centros penitenciarios y de reclusión, la mitad fueron reprobados y podría decirse que cinco más pasaron de panzazo —con promedios de 6.
San Miguel reprobó en diversos rubros. Fue detectada la presencia de actividades ilícitas y cobros. El personal de seguridad y custodia era insuficiente.
Había también focos de alarma en las condiciones de gobernabilidad, y había focos rojos en los aspectos que garantizaban la seguridad de los internos.
Se subrayó que existían fallas en la supervisión del centro por parte del titular, así como insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. Las condiciones de higiene eran lamentables.
Hoy sabemos de la existencia de una red que fue capaz de exhumar el cadáver de un bebé de tres meses para introducirlo, probablemente con droga, en el terrible centro de San Miguel, donde las alarmas estaban prendidas y lo que pasó es solo una mínima, pequeña muestra de la podredumbre que reina en los centros penitenciarios, y de reinserción social, del estado de Puebla.
