La historia de una mujer oficinista, que pasó de ganar 2 mil 800 pesos mensuales en un despacho de contadores, a convertirse en la contratista de los eventos de la Presidencia de la República que ha facturado 60 millones de pesos por la organización de distintos eventos, ceremonias y festejos en la administración de Andrés Manuel López Obrador, ilustra muy bien la forma subrepticia como se está manejando en el gobierno de la 4T el rubro de la contratación de empresas que proveen la logística y la organización de los eventos a los que acude el presidente. Yazmín Bolaños López, la misteriosa mujer que investigó la periodista Peniley Ramírez y que, sin ningún antecedente empresarial, aparece como una de las contratistas principales de los eventos presidenciales, es una más de las “prestanombres” que utilizan quienes manejan y operan este negocio en el actual gobierno.
Detrás de Yazmín y de sus contratos millonarios, entre los que aparece la ceremonia del Grito de Independencia de este 2020 y también la de 2019, está el nombre de Julio César González Hernández, dueño de una empresa denominada Lightec, y quien de acuerdo con fuentes directas de la presidencia, se encarga de operar y ejecutar los contratos para la organización de distintos eventos de la presidencia, que van desde la conferencia mañanera hasta las reuniones e informes del Presidente, incluidas las mencionadas ceremonias del Grito y los mensajes que ha dado López Obrador en el Zócalo con motivo de sus 100 días de gobierno, primero, y luego por el primer año de su triunfo electoral. Julio César no suele figurar en contratos porque para ello utiliza a personas que prestan su identidad y sus datos para figurar como los contratistas oficialmente y cobrar los pagos que, hasta por 60 millones, han obtenido en lo que va de la actual administración.
Julio César presume de “vínculos directos” con Palacio Nacional y hace alarde de sus conexiones al más alto nivel, incluso para resolver conflictos que ha tenido con sus vecinos en la colonia San Lorenzo Huipulco, en la alcaldía de Tlalpan.
Esquer ha sido encargado directamente por López Obrador de manejar la logística y organización de sus eventos, no sólo ahora como presidente, sino desde el año 2006 cuando fungió por primera vez como su particular en la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.
El funcionario sonorense ha manejado la organización de los eventos de López Obrador en sus tres campañas presidenciales y lo sigue haciendo. Sin embargo, según las fuentes consultadas, el dinero que está detrás de este negocio no necesariamente termina en manos de Alejandro Esquer, sino que presumen que parte de esos fondos son utilizados para actividades proselitistas y de promoción de la 4T. Esquer, aclaran, es un hombre que cuenta con toda la confianza y cercanía con el presidente López Obrador que le ha conferido lo mismo los asuntos de Morena y la relación con el partido, que los manejos de los recursos y subastas en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, en el que recientemente su exdirector Jaime Cárdenas señaló directamente al secretario particular del presidente como el responsable de las peticiones y presiones para que se cometieran actos ilegales en la venta y subasta de los recursos decomisados a la delincuencia y la corrupción.
Así que, aunque los costos y los precios de los eventos en el actual gobierno de la 4T han disminuido notablemente, si se comparan con lo que cobraba en el sexenio anterior la empresa Actidea, la realidad es que no deja de haber un jugoso negocio. La poca transparencia con que se manejan estos contratos, que en su mayoría se han otorgado sin licitación y por asignación directa, confirman que en ese rubro no cambiaron mucho las cosas, pues al igual que sus antecesores, AMLO entregó estos contratos a personas de su círculo cercano que han incurrido en las mismas prácticas del uso de “prestanombres” y empresas fachada para ocultar a los beneficiarios reales… Los dados mandan capicúa. Repetimos.
