Organizar y equipar los eventos de la presidencia de la República, a través de empresas que se dedican a coordinar la logística, la construcción de templetes, mamparas, pantallas, sonido y sillerías para que luzcan los actos a los que acude el presidente, es una actividad que desde siempre ha generado ganancias millonarias a las empresas a las que se les asigna. En muchos sexenios, ha sido un campo que se deja para beneficiar a políticos cercanos o hasta familiares de los mismos inquilinos de la presidencia.
En el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, todos los contratos para la realización y organización de los eventos a los que asistía el presidente se le tenían que dar a una empresa que era “la única autorizada por el Estado Mayor Presidencial” y que eran manejadas por las hermanas de Angélica Rivera, la esposa del primer mandatario.
El problema es que las cotizaciones de esa empresa, vinculada a la familia de la primera dama, siempre eran del doble o el triple de lo que cobraban otras empresas de logística y organización de eventos. Lo que se publicó allá por 2016 en la columna Bajo Reserva de El Universal, sobre el que entonces era un escándalo en ciernes totalmente real: “Nos explican que el expediente, al que ahora llaman ‘eventogate’, involucra a un cuarteto de empresas con contratos millonarios adjudicados sin licitación de por medio. Y señalan, entre otras, a una persona que supuestamente maneja las contrataciones desde Los Pinos: Adriana Rivera, hermana de la primera dama. Por lo pronto la presidencia de la República no ha salido a aclarar esta información, pero el escándalo ya circula”, decía entonces la columna.
La información es corroborada por un extitular de la CNDH que pidió el anonimato y que narró cómo, durante uno de sus informes de labores, a los que estaba invitado el presidente Peña Nieto, recibió una llamada de un militar del desaparecido Estado Mayor Presidencial: “Para la organización del evento ¿ya contrató alguna empresa?”, preguntó el militar a lo que el ombudsman contestó que sí. “No, no puede ser cualquier empresa, le daremos el número y el nombre para que contrate a la única que está autorizada por instrucciones del presidente”. “Es un tema de seguridad presidencial”, le dijo cortante el militar.
Desde la CNDH se contrató a la que ordenaron en Presidencia, aunque resultó que por los mismos servicios de sonido, templete, mamparas, pantallas y sillería cobraba tres veces más, es decir 6 millones de pesos.
Si eso pasaba el sexenio pasado, en un tipo de corrupción y tráfico de influencias que aún sigue impune, sería interesante saber cómo se maneja ahora la contratación de la logística de los eventos del presidente López Obrador. El viernes pasado en estas mismas páginas la periodista Peniley Ramírez publicó en su columna la historia de La oficinista que ganó 60 millones en palacio, en donde documentó cómo una presunta oficinista, de nombre Yazmín Bolaños López, en los últimos dos años ha cobrado más de 60 millones de pesos como proveedora en la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es claro que la señora Yazmin Bolaños López, si existe, es una “prestanombres” de alguien o algunos más que controlan en el actual gobierno el negocio millonario de los eventos presidenciales. ¿Quiénes serán? Dicen que la cabeza apunta a un muy alto funcionario del Palacio Nacional. Ya les diremos.
