Frente al desgobierno, la violencia y el control del crimen organizado en la zona, el gobierno del presidente López Obrador, presionado por la opinión pública mexicana y organismos internacionales, decidió mostrar músculo: anunció que enviaría 600 elementos federales a poner orden. Soldados, marinos, guardias nacionales y otros funcionarios administrativos.
Pero fue solo de palabra. En realidad, llegaron unos cuantos. Y entonces, en la localidad desafían al gobierno y se meten donde les dijeron que está prohibido. Lo hacen a la luz del día. Es un reto. Es una burla. Y el gobierno federal está cruzado de brazos.
Es la situación que se vive en el norte del Mar de Cortés, entre las poblaciones de San Felipe, Baja California, y Santa Clara, Sonora. Ahí se encuentra la zona donde viven las pocas vaquitas marinas que quedan. Está prohibido pescar en un polígono que se estableció para protegerlas. Pero apenas hace unos días, activistas contabilizaron ochenta embarcaciones tirando redes. Aquí presentamos una fotografía.
La mayoría de esos pescadores no están tratando de matar vaquitas marinas. Ni siquiera tratando de pescar totoaba, que es ilegal porque las vaquitas quedan atrapadas en las redes. Están intentando sacar camarón para venderlo y llevar algo de comer a sus casas porque el gobierno los ha abandonado: les prohíbe la pesca, pero ya no les da el dinerito que recibían el sexenio pasado con tal de que no salieran al mar y se protegiera la especie.
Pero redes en el mar siempre son un peligro para las vaquitas marinas, y si estas se extinguen, las consecuencias económicas para México serían desastrosas: organizaciones internacionales han advertido al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que si no hace algo para evitar la extinción de la especie, promoverán que se castigue al país con un embargo pesquero. Es decir, que otras naciones prohíban a sus empresas comprar productos del mar a los pescadores mexicanos. Eso multiplicaría la pobreza en las costas de nuestro país.
Así que si no es por un compromiso con el medio ambiente —que no ha mostrado esta administración, concentrada en promover refinerías y zanjar la selva con un tren—, el gobierno debe cumplir su palabra por lo menos por un pragmático cálculo de dinero: no quiere más pobres.
Hace más de dos meses, tras el estreno del documental SOS, Mar de Sombras (en el que tuve el privilegio de participar) que revivió la discusión sobre la gravedad de la situación en esa zona, más la renovada advertencia de las organizaciones sobre el embargo pesquero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fungió como portavoz del gobierno federal para anunciar que estarían llegando 600 elementos federales para proteger el refugio natural de la vaquita marina, evitar que se pesque en esa zona y meter en cintura al llamado Cártel del Mar, que mantiene amenazada a la población y se hizo famoso por asociarse con la mafia china para traficar buches de totoaba, un producto que en el mercado negro se cotiza más caro que la cocaína, kilo por kilo.
