Dicen que el dinero no puede comprarlo todo, pero en un país como México, los millones sí alcanzan para comprar una lavada de imagen, una exención de posible responsabilidad penal y, de paso, un acuerdo político para seguir siendo contratista privilegiado del gobierno. Para todo eso le alcanzaron al ingeniero Carlos Slim Helú y a su empresa Cicsa, los al menos 800 millones de pesos que pagará por rehabilitar completamente el tramo elevado de la Línea 12.
Más que un gasto, esa cantidad que apenas representa el 1% del total de las ventas de Grupo Carso, será una inversión para lavarle la cara al empresario más rico de México y diluir cualquier asomo de responsabilidad en el colapso trágico de una obra pública que su consorcio construyó y entregó hace 9 años, y cuyo derrumbe causó la muerte de 26 personas el pasado 3 de mayo.
Qué importa que los peritajes, tanto el de una empresa privada como DNA, como el judicial de la Fiscalía de Justicia de la Cdmx hayan arrojado que las causas de la tragedia fueron fallas de origen en la construcción de la obra y la colocación de pernos y soldaduras de calidad inferior a la indicada. Por eso tendrán que responder 5 exfuncionarios del gobierno capitalino en la administración de Marcelo Ebrard y 5 empleados de una empresa subcontratista que realizó trabajos para Cicsa, que era la contratista oficial del tramo colapsado. Ni el nombre de Carso, ni el de su filial constructora, mucho menos el de sus directivos y dueños aparece mencionado ni por asomo en el peritaje de la FGJCDMX.
Apenas el 20 de octubre pasado, Carso y Cicsa anunciaban en la Bolsa Mexicana de Valores que ya habían suscrito un “Acuerdo Reparatorio para la rehabilitación del tramo Olivos-Tezonco de la Línea 12” con el gobierno de la Ciudad de México y con el Sistema de Transporte Colectivo México, con el que se comprometían a costear y realizar todos los trabajos y reparaciones necesarias para volver a poner en funcionamiento la parte colapsada del Metro. Eso sí, en su anuncio ante los accionistas e inversionistas de la BMV, se aclaraba puntualmente que “CICSA no causó ni es responsable del lamentable evento del pasado 3 de mayo”.
Ayer la misma empresa constructora de Grupo Carso anunció que el costo de la reparación del tramo colapsado en Tláhuac costará al menos 800 millones de pesos, una cifra que aún no es exacta ni definitiva, pero que se estimó a través de auditorías internas que arrojan que las obras de rehabilitación requerirán un monto de las ventas totales del grupo empresarial propiedad de Carlos Slim.
“No tiene efecto material considerable para Grupo Carso la rehabilitación, pero no tenemos montos definitivos. Según auditorías internas, estimamos que pesará 1% de las ventas, que son alrededor de 800 millones de pesos, pero esperamos el monto definitivo, lo que tenemos es una estimación”, dijo ayer en esa plática con analistas Arturo Spinola, director financiero de Carso Infraestructura y Construcción S.A.
Así en el discurso de la empresa constructora, cuyo nombre y papel en la tragedia se le olvidó por completo a la fiscal capitalina Ernestina Godoy y a sus peritos, todo son números, cifras, porcentajes y compromisos de rehabilitación de la obra que ellos construyeron y que se colapsó 9 años después. No hay ni una sola mención de lo que ocasionó el “lamentable evento del pasado 3 de mayo”, ni una alusión a la muerte de 26 seres humanos y las heridas de cientos más. Aquí se trata sólo de ver hacia adelante y de lavar la imagen pública del principal grupo empresarial de México.
La pregunta es qué le vendió el presidente López Obrador al ingeniero Slim a cambio de esos 800 millones de pesos: ¿tranquilidad de conciencia? ¿Qué pueda seguir siendo uno de los mayores contratistas de su gobierno? ¿Impunidad en las investigaciones judiciales? ¿O todo eso en paquete?… Los dados mandan Escalera doble. Mejora el tiro.
