Hay motivos suficientes para sospechar que el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos es una víctima de Donald Trump y de su anhelo de reelección, que aumentó desesperadamente a medida que Joe Biden se separaba más de él en las preferencias electorales.

El expresidente estadunidense supo capitalizar la idea de que los extranjeros son los malos en Estados Unidos y que los mexicanos somos narcotraficantes. Pero la sucesión de los hechos que llevaron a que Cienfuegos pasara dos meses en una cárcel estadunidense y que después se le liberara tras una arremetida gubernamental del presidente mexicano también despierta otras sospechas.

Justo a la mitad del mes de octubre del 2020, cuando la carrera presidencial en Estados Unidos estaba en su recta final, Salvador Cienfuegos y su familia se alistaban para vacacionar en Los Ángeles y San Diego. Viajaron en clase turista desde México. Al llegar al estado de California, agentes del aeropuerto pidieron a la familia Cienfuegos esperar en una zona exclusiva.

La familia Cienfuegos estaba acostumbrada a que al general le dieran muestras de respeto y actos de reconocimientos por ser un militar de alto nivel condecorado en México y también en Estados Unidos. De hecho, el Departamento de Defensa estadunidense incluyó a Cienfuegos en el Comando Norte y en el Comando Sur, que son conjuntos militares de gran relevancia continental, encargados de realizar misiones de seguridad y de lucha contra el narcotráfico.

Y menos de dos años atrás, en una ceremonia en West Point, en noviembre de 2018, el Departamento de Defensa estadunidense le otorgó al general mexicano la Legión al Mérito, gracias a sus logros a favor de la cooperación militar entre ambos países.

Pero esta vez, la espera de la familia Cienfuegos en el aeropuerto no era una cortesía para el general condecorado de cuatro estrellas. El exsecretario de Defensa mexicano estaba detenido. Acusado de narcotráfico y lavado de dinero, enfrentando cargos relacionados a importar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.

Esta no fue una operación conjunta entre Estados Unidos y México ni una investigación que al menos involucrara a agentes de ambos lados de la frontera. Pero a pesar de que Estados Unidos nunca le informó nada al respecto, Andrés Manuel López Obrador no condenó la investigación estadunidense.

El presidente mexicano incluso, aprobó entonces la detención y recordó la corrupción que existía en gobiernos anteriores: “Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen… de cómo se fue degradando la función pública durante la gestión neoliberal”.

Pero en un inesperado giro de 180 grados, que no realizó con otros altos funcionarios como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública también detenido en Estados Unidos, López Obrador cambió el tono sobre el caso y al pasar los días, cuestionó la detención del que fuera funcionario del expresidente Enrique Peña Nieto.

López Obrador no se quedó en las palabras. Lo que siguió en las siguientes semanas fue una amplia operación gubernamental para lograr liberar al general con notas diplomáticas de la Cancillería mexicana, pronunciamientos públicos de rechazo y una reforma a la Ley de Seguridad aprobada de forma exprés, que afectaba las funciones de agentes extranjeros en nuestro territorio con el fin de defender la “independencia y soberanía” nacional.

Tres semanas después de que Trump perdiera las elecciones presidenciales, la Justicia estadunidense liberó a Cienfuegos. Hasta la jueza responsable del caso, Carol Bagley Amon, se manifestó sorprendida.

Tanto el presidente López Obrador como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguraron que en México se le juzgaría por una autoridad competente y recta.

Lo que a Estados Unidos le tomó dos años investigar, a México le tomó dos meses desestimar. Las investigaciones mexicanas no encontraron elementos suficientes para procesarlo penalmente.

“En esta tribuna dije yo que para México sería suicida no hacer nada… No es que no se haya hecho nada, sí se hizo. ¿Para tener credibilidad debe haber una condena? No había elementos para vincularlo a proceso por parte de EE. UU… Es más, en México ni siquiera lo hubieran podido detener”. Fueron algunas de las palabras de Ebrard, tras la conclusión de la Fiscalía mexicana.

El presidente López Obrador fue más allá, acusó a la prestigiosa agencia estadounidense, la DEA, de fabricar las acusaciones contra Cienfuegos:

“No procede la acusación que se le fabricó a Cienfuegos… ¿Cómo es que se lleva a cabo la detención del general unos días antes de la elección (estadunidense)? Si ya había estado de visita en EE. UU. en el mismo lugar con su familia. ¿Por qué fue hasta en las vísperas de la elección y cuál era el mensaje?”

Y en un hecho inédito, se dieron a conocer más de 750 páginas de la investigación oficial estadunidense por parte del Gobierno de López Obrador, quien dijo que lo publicaban porque “el prestigio de México estaba por encima de todo”.

La mayor parte de los mensajes telefónicos en ese expediente son de presuntos integrantes del Cartel H2. Pero en las conversaciones se evidencian las dudas constantes sobre la identidad del que se identifica como “el padrino”. Incluso, las descripciones físicas del militar mexicano difieren mucho de la apariencia de Cienfuegos.
Por supuesto, el Departamento de Justicia de EE.UU. rechazó que México publicara el expediente, aseguró que las acusaciones contra el general no fueron fabricadas y agregó que se “reserva el derecho” de procesarlo si el Ejecutivo mexicano no lo hace.

Este miércoles 3 de febrero, Roberto Velasco, responsable para América del Norte de la secretaria de Relaciones Exteriores, dijo que el Gobierno mexicano no violó el Tratado de Asistencia Legal con Estados Unidos al difundir el expediente de la DEA sobre el exsecretario de la Defensa Nacional.

Los opositores de Trump sospechan que el republicano, ansioso por sumar más votos, detuvo a un exsecretario de Defensa mexicano en plena carrera electoral para fortalecer su retórica proteccionista. Los opositores de López Obrador alegan que el presidente mexicano está protegiendo a un general acusado de narcotráfico por la que es considerada por muchos como la mejor agencia antidrogas del mundo.