Rosario Robles está a punto de cumplir un año en Santa Martha Acatitla. Como se sabe, fue vinculada a proceso porque el ministerio público presentó una licencia de conducir a nombre de ella, con el domicilio, la foto, la huella digital y la firma falsificados.

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano, alegó que esa licencia probaba que existía el riesgo de que Robles se fugara, así que decidió imponerle una prisión preventiva “justificada”. De acuerdo con el juez, Robles no había demostrado arraigo, pese a que llevaba más de 20 años viviendo en el mismo domicilio de Coyoacán.

El juez argumentó también que la extitular de Sedesol y Sedatu contaba “con una red de amigos” que podrían ayudarla a evadir la acción de la justicia y sostuvo que era “un hecho público” que Robles tenía dinero derivado de los cargos que ha ocupado: su dinero y sus cuentas fueron asegurados (aun así se le mantuvo en prisión). La Secretaría de la Función Pública determinó, por otra parte, que en la situación económica de Robles no se habían detectado irregularidades.

El 30 de septiembre de 2019 la Secretaría de Movilidad confirmó que la única licencia  tramitada por Robles era la que asentaba su domicilio en Coyoacán. A fines de ese año, la magistrada Isabel Cristina Porras, que revisó el caso, coincidió en que era innecesaria la prisión preventiva, y sin embargo decidió dejar a Robles en prisión.

La defensa denunció una venganza política del régimen de Andrés Manuel López Obrador (¿se acuerdan de los videoescándalos?), alejada de cualquier límite jurídico.

En abril, la prueba de la “licencia falsa” fue descartada por un juez, lo que prueba que el procedimiento ha sido viciado de origen. Aunque Robles ya no es servidora pública, se le inició un juicio político plagado de inconsistencias, irregularidades y violaciones procesales. En el seno de la subcomisión encargada de examen previo hacían fila 127 denuncias de juicio político, según la defensa de Robles. Ninguno de estos fue tramitado. En cambio, se dio todo el impulso procesal para enjuiciarla a ella de manera exprés.

El escándalo que rodea la llegada del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ha revivido en redes sociales y algunos medios el caso Robles. Personajes cercanos a la exfuncionaria han trazado las diferencias más señaladas entre ambos casos:

Robles tiene once meses en Santa Martha Acatitla. Emilio Lozoya está en un hospital de lujo: no ha pisado un minuto un juzgado, mucho menos la cárcel.

Robles es acusada de ejercicio indebido del servicio público por omisión. El delito, aún no comprobado, no amerita prisión preventiva. A Lozoya lo acusan de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita: crímenes graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Robles interrumpió un viaje por Europa y se presentó voluntariamente ante el juez. A Lozoya lo buscaba la Interpol y lo aprehendieron en Málaga, España (fue enviado a México en un avión privado).

A Robles, vinculada a proceso con pruebas falsas, se le exhibió como trofeo del combate a la corrupción y se permitieron fotos de su salida al reclusorio. A Lozoya, acusado se le montó un operativo que le permitió burlar a los medios en tanto lo llevaban a un hospital de lujo.

Lozoya se presume aliado de la 4T para beneficio propio y de la actual administración: el presidente lo ha considerado “testigo protegido”. Pasó de acusado a verdugo.

Robles no ha solicitado, ni se le ha ofrecido, acogerse al esquema de “testigo protegido”. Lozoya llega con “beneficios pactados”: se le ha ofrecido impunidad para su familia, y se le han respetado todos los derechos. A Robles le han violado sistemáticamente los suyos: su derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, al principio pro-persona.

Queda claro que aquí se ha usado toda la maquinaria del Estado. Por venganza política y por conveniencia.