Guillermo Calderón León, administrador de la Aduana de Progreso en Yucatán, y quien está siendo investigado por el SAT y por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto enriquecimiento ilícito, además del contrabando detectado de sustancias prohibidas, especies marinas protegidas y maderas preciosas por la aduana en cuestión, era al mismo tiempo que funcionario público, un próspero empresario de la aviación privada, pues dirigía y promovía en sus redes sociales a su empresa Cronos Airway, que renta dos aviones tipo Hawker 800 con matrícula estadunidense y tiene sus oficinas y hangares en el Aeropuerto de Toluca.
Exfuncionario de la Sedesol y de la Sedatu en los tiempos de Rosario Robles y también exdiputado local por el PRI en el Estado de México, Calderón León fue contratado en el actual gobierno y nombrado director de la Aduana de Progreso el 17 de abril de 2019, una semana después de que el presidente López Obrador anunciara en su conferencia de prensa matutina del 11 de abril un “plan de restructuración de las Aduanas del país” para acabar con la corrupción que, dijo en aquella fecha el mandatario, imperaba en el sector aduanero nacional.
El sábado en varios diarios y portales del estado de Yucatán se reportaba la desaparición del director de la aduana de Progreso, quien tendría ya varios días sin presentarse en las instalaciones aduaneras lo que llevó a diarios como Novedades de Yucatán a titular una nota sobre el tema. “Se esfuma director de la Aduana de Progreso”, en la que, citando información al interior de la aduana, señala que Calderón León habría sido destituido de su puesto. Otra versión de fuentes federales en la Cdmx señala que el funcionario de Aduanas habría presentado la renuncia tras conocer de las investigaciones financieras y de corrupción en su contra.
Al momento de su nombramiento, el político mexiquense ya era dueño de dos aviones Hawker 800 con matrícula estadounidense que compró a la empresa Projects, Inc. Con sede en Houston, Texas, y que según consta en pagarés en poder de esta columna, liquidó en pagos de 100 mil y 75 mil dólares mensuales entre abril de 2018 (fecha de vencimiento del primer pagaré liquidado) y septiembre de aquel mismo año, fecha del último pagaré que liquidó. Es decir, en seis meses, cuando aún era funcionario federal en la anterior administración, realizó transferencia en dólares, a la cuenta de la citada empresa estadounidense, por 575 mil dólares (11 millones de pesos) para liquidar el costo de los dos aviones.
Con esos dos aviones (que por su cabotaje estadunidense solo tienen permiso para vuelos privados y no podrían rentarse o alquilarse comercialmente porque no tienen permiso de la SCT para realizar aviación comercial), Guillermo Calderón echó a andar Cronos, Airways, la empresa que durante todo 2018 y 2019, cuando era funcionario público primero del gobierno de Peña Nieto y después del de López Obrador, realizaba vuelos comerciales a diferentes destinos. Con un hangar rentado a la empresa Eolo, en el aeropuerto de Toluca, la empresa de la que Calderón León se ostenta como director y dueño, fue contratada en 2018 por el Infonavit, a cargo entonces de David Penchyna, para realizar varios viajes con funcionarios de la institución.
En sus redes sociales como Facebook e Instagram, Calderón León aparece presumiendo en fotografías él y su familia con sus dos aviones Hawker 800, matrículas N375TD y N723LK, a los que se refiere como “my baby” o “my first toy” y “my second toy”, al mismo tiempo que promociona viajes a Acapulco, Los Cabos, Monterrey, Puerto Vallarta, Guadalajara, Veracruz, San Antonio Texas, y otros destinos nacionales e internacionales en los que el precio por persona oscila entre los 600 y los 900 dólares, según el destino. Para evitar conflictos legales o de interés por la propiedad de los aviones, sobre todo por su trabajo como funcionario público, los dos aviones fueron puestos a nombre de su madre Martha Patricia León Enríquez, y de su pareja sentimental, la brasileña Taise Santos Ríos, según consta en las pólizas de aseguramiento de las dos aeronaves con la empresa Axxa, y de las que esta columna tiene copias.
Hoy el administrador de la Aduana de Progreso, una de las más importantes de este país, no aparece y ni el SAT ni el Sistema de Aduanas han informado oficialmente de su renuncia o destitución. Lo único real es que está abierta una investigación en su contra por operaciones financieras irregulares detectadas por la UIF y por denuncias de corrupción en el puerto yucateco. La pregunta es qué paso con el ofrecimiento del presidente López Obrador de que iba acabar con la corrupción en las aduanas y ¿cómo fue que un priista, que con su sueldo de delegado de Sedatu en la Cdmx el sexenio pasado pudo comprar dos aviones y poner una empresa para rentarlos aun sin permiso tuvo cabida en un gobierno que presume como su principal bandera el fin de la corrupción? Muchas preguntas y pocas respuestas.
