Durante mucho tiempo una pregunta rondó en la política mexicana: ¿cómo se financiaba el movimiento político de Andrés Manuel López Obrador durante los que fue dirigente opositor y dos veces candidato a la Presidencia?
La pregunta tenía sentido porque el ahora presidente, más allá de los cargos públicos y políticos que había ocupado entre 1997 y 2018 como dirigente nacional del PRD o jefe de Gobierno de la Ciudad de México, nunca tuvo un ingreso fijo, ningún negocio conocido ni un empleo formal que le significara ingresos para mantener no solo su actividad política sino su vida personal y familiar.
Hoy que López Obrador es presidente, cuando ya la disponibilidad de recursos no son su problema ni el de su movimiento, empiezan a surgir casos comprobados, algunos sancionados por la autoridad electoral, otros exhibidos en video y algunos más en investigaciones periodísticas, que van dando cuenta de cuáles fueron las formas y mecanismos de financiamiento que apoyaron la lucha política de más de 12 años que emprendió el ahora titular del Ejecutivo.
El ejemplo más claro y contundente de cómo se financió la creación de Morena y su formación como partido político es el reciente fallo que ayer dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó sancionar al partido oficial con 4.5 millones de pesos por los “diezmos” que entre 2013 y 2015 se cobraron y descontaron obligatoriamente a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, cuando Delfina Gómez fue la presidenta municipal de esa localidad mexiquense. El mecanismo para robar dinero del erario público de ese municipio, fue documentado por el INE y confirmado ayer por los magistrados federales, que concluyeron que esos recursos que se les quitaban a los trabajadores texcocanos, era para financiar al entonces naciente partido Morena.
El escándalo por esa operación ilegal de peculado y desvío de recursos por más de 13 millones de pesos de recursos que le fueron robados a los trabajadores, según la sanción original del Consejo General del INE, fue documentado a partir de una denuncia del PAN en 2017 cuando Delfina Gómez fue candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Sin importar esas denuncias por los famosos “diezmos”, el presidente invitó y nombró a Delfina Gómez como su secretaria de Educación en diciembre de 2020.
El esquema de “aportaciones” siguió vigente en dos campañas de López Obrador. Los videos de sus hermanos Pío y Martín López Obrador recibiendo dinero en efectivo en sobres de papel de manos de David León entre 2015 y 2018, son la confirmación de que el movimiento lopezobradorista siempre se financió de recursos de dudosa procedencia. Pero para que no queden dudas de que este tipo de prácticas siempre han sido consentidas, avaladas y utilizadas por el lopezobradorismo, este martes el presidente realizó nombramientos y enroques en su gabinete. Y entre las funcionarias designadas llamó la atención el nombre de María del Rocío García Pérez, quien fue nombrada subsecretaria del Bienestar. Hasta el lunes era directora del DIF Nacional y presidenta del Consejo Consultivo de ese organismo, cargo al que llegó por su cercanía y amistad con el presidente y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.
El 3 de mayo de 2021, en un reportaje se documentó que María del Rocío implementó, desde marzo de 2019, un descuento obligatorio a los trabajadores del DIF, a los que se les exigía entregar entre el 2 y el 4% de sus sueldos como requisito para mantener sus puestos. ¿Se le sancionó por esa práctica de robo ilegal? No, por el contrario, se le premió con un ascenso en la secretaría que maneja el presupuesto más grande de este gobierno para los programas sociales. El presidente no solo sabe y permite esas prácticas de financiamiento ilegal, sino que las premia… Los dados mandan capicúa. Se repite el tiro.
