Planeaba hablar de transporte público y seguridad de los viajeros como un tema pendiente en la agenda de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) de Hidalgo, la forma en que se vuelve simulación la preocupación gubernamental por el bienestar de los usuarios, aun cuando sus palabras muestren una preocupación que se acerca al desgarramiento de vestiduras y otros dramas.

Ahí estaba, revisando normas oficiales mexicanas de transporte, leyes, derechos de los usuarios y declaraciones de gobernantes, trataba de acercarme un tanto al hecho de que el transporte convencional de Hidalgo refleja, por un lado, el hartazgo de los usuarios de viajar en condiciones de inseguridad y en manos de la impunidad, mientras que por el otro, se habla de la modernidad lograda en materia de transporte y movilidad, la preocupación del gobernante en turno, sí del que despacha en cuarto piso, por la salud de los usuarios de Tuzobús.

Recuerdo que hablaba de la forma en que las unidades no se limpiaban por la administración de la empresa cancelada y el riesgo que representaba para los usuarios; sin embargo, en torno al transporte convencional que usa la mayoría de los usuarios, no dijo una sola palabra, quizá después, algún otro día.

En eso estaba cuando me entero que muchas carreteras fueron tomadas por pequeños empresarios que se dedican a la compra y venta de desperdicios industriales y residuos urbanos con valor comercial. Me llamó la atención. Protestaban contra la privatización de la recolección de los residuos porque eso ponía en riesgo su actividad económica.

¿Por qué me llamó la atención? Por dos hechos: el primero de ellos, hay una propuesta de reforma y una búsqueda de privatizar la recolección de los residuos en el país por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es de llamar la atención porque la recolección y gestión de los residuos en México se encuentra en manos de empresas privadas, lo que deja en claro que el partido se ha convertido en representante y gestor legislativo de las grandes empresas que gestionan de manera privada los residuos.

Segundo, la gestión de residuos es una competencia municipal establecida en la Constitución, por lo que, para que avance la propuesta verde, se hace necesaria una reforma constitucional. De eso no se ha hablado en ningún lugar.

Agregaría que la compra y venta de los residuos es un mercado de muchos millones de pesos, lo que es un buen motivo para salir a la calle y manifestar el rechazo a una propuesta como la del PVEM. Sin embargo, yo también me opongo a la privatización de la gestión de los residuos, lo que implica, entre otras cosas, que los centros de comercialización de residuos deberán desaparecer.

Alguien debe avisarles a los miembros de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores que están protestando contra ellos mismos que gestionan de manera privada los residuos.

Bueno, el caso es que la gestión privada de residuos no debe de darse.
México se encuentra frente a un grave problema que se llama basura. No hay política pública que alcance a gestionar correctamente los desechos. De hecho, no existe una política pública encaminada a la gestión real de los desechos, porque estas se encuentran basadas en construir rellenos sanitarios para enterrar basura, lo que, a la larga, se ha convertido en la peor inversión que realiza el país en materia ambiental.

Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana 083, establece una serie de condiciones en el tipo de gestión que debemos de realizar, porque no existe, hasta el momento otra norma que posibilite explorar mejores mecanismos de gestión.

La protesta de los recuperadores de desechos logra algo que es importante; traer a la mesa de discusión el tema de residuos, resolverlo ahora es importante, el coprocesamiento que se realiza en las plantas cementeras está siendo alentado y apoyado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las empresas ganadoras, son principalmente las cementeras, de las que Hidalgo cuenta con seis.

Lo que implica que, en la región de Tula, que es donde se asientan la mayoría, mientras en Huichapan y Santiago de Anaya se encuentran otras, la actividad de incineración de residuos seguirá siendo una práctica, a pesar de los intentos de declarar una emergencia ambiental.

La Sociedad Ecologista dijo, hace algún tiempo, recuerdo, que las plantas de transferencia y valorización económica de los residuos, permitirían a los ayuntamientos lograr una mejor gestión de estos y permitirían que se aumentara en algo los ingresos propios de los ayuntamientos de México. Opción que, si se explorara con detenimiento, permitiría la supresión de la NOM-083 y la construcción de una nueva herramienta normativa para el país en materia de desechos.

Los residuos implican una discusión que no es social, desafortunadamente, y que no es una discusión integral, porque hay elementos que no aborda, por ejemplo: consumo responsable, eliminación de embalajes innecesarios o altamente dañinos para el medio ambiente, promoción de gestión habitacional de los residuos, entre otros.

Hemos, como país, simulado que gestionamos lo residuos de manera adecuada, es tiempo de que lo hagamos con responsabilidad y sin menos privatizaciones.