Las elecciones han pasado, cada uno de quienes han participado empezará a contar su realidad y su triunfo. Ahora tenemos frente a nosotros los problemas que se hablan menos, en los que las fallas y las incapacidades se muestran como una responsabilidad de la sociedad y no del gobierno.

El discurso empieza a cambiar y a volverse estratégicamente constructor de divisiones casi naturales en el país.

Tácticamente es útil para obtener un dividendo por la vía de la confrontación social y no por la de los votos.

Pero ya hablarán de ello, los que en verdad saben de elecciones, los que las viven y los que las suponen.

Mientras tanto, volvamos el rostro a esos otros problemas.

La nueva realidad de la educación empieza a desplegarse frente a nosotros. Hay, de alguna manera, la búsqueda de una normalidad que, dados los impactos de la pandemia en todas las actividades, tardará un tiempo en ser construida.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en uno de los agentes fundamentales del proceso de enseñanza aprendizaje en el tiempo pandémico; su uso se extendió y multiplicó en cada lugar y se constituyó en mecanismo de vinculación, comunicación y aprendizaje.

Pero, además, esta irrupción, mostró lo frágil de los sistemas educativos del mundo frente a una situación de emergencia. La Unesco, ha señalado de manera contundente el hecho “mientras que las escuelas y universidades cerraban sus puertas, millones de educandos quedaron repentinamente excluidos de la educación debido a la evidente brecha digital”.

Por otro lado, también dejó en claro la incapacidad de los Estados nacionales para poder cumplir con los compromisos internacionales adquiridos, sobre todo en relación a las TIC y al cumplimiento del cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la agenda 2030.

Si revisamos los datos de México, es importante reconocer que el 48 por ciento de los hogares, aproximadamente 16 millones de familias, no tiene acceso a internet, lo cual, a la larga, se traduce en la imposibilidad del sistema educativo mexicano de retener a una gran cantidad de estudiantes.

En Hidalgo, el censo ha dejado al descubierto que más de 342 mil hogares no tienen acceso a internet, un dato cercano al 60 por ciento de la población y es en las zonas rurales en donde se encuentra el mayor número de estos hogares.

Esta cifra habla de la forma en que se ha normalizado la pobreza y la exclusión en la entidad, la misma que construye enormes puentes sin sentido en la capital del estado, pero es incapaz de promover la infraestructura tecnológica en la entidad. A pesar de que era una de las propuestas del gobernador de la entidad.

Aun cuando la Secretaría de Educación Pública reconoce que hay un porcentaje de deserción escolar en todos los niveles educativos ubicado entre el 2.5 y el 3 por ciento, lo que representa un millón de estudiantes, explica de inmediato que este es un hecho que está relacionado con las escuelas particulares y se muestra en la migración de estudiantes a escuelas públicas.

A pesar de ello, Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, aseguró que en el caso de las públicas la deserción fue por motivos de salud o por fallecimiento de los padres, algo que, a decir verdad, resulta confuso y sin sentido. Hay, en sus declaraciones, apenas un mínimo reconocimiento a la relación de la tecnología como obstáculo para continuar con los estudios.

Esa falta de referencias muestra que el gobierno se encuentra reacio a reconocer, retomar y mostrar sus propios resultados censales, lo que permitiría que estuviera en condiciones de enfrentar y transformar la realidad educativa del país, afectada de manera frontal por la pandemia y la crisis económica resultante.

Además, esta misma situación se refleja contraria a los acuerdos adoptados por el grupo de países E 9, del que México es parte y que en su declaración de 2015 del Marco de acción educación 2030 señalaron la importancia que tiene el movimiento mundial por la educación en el marco de la agenda 2030.

En esa declaración se afirma que “motivados por los importantes logros que hemos conseguido en la ampliación del acceso a la educación en los últimos 15 años, velaremos por que se proporcione educación primaria y secundaria de calidad, equitativa, gratuita y financiada con fondos públicos, durante 12 años, de los cuales al menos nueve serán obligatorios, consiguiendo así resultados de aprendizaje pertinentes”.

En educación México se encuentra en una encrucijada que no es buena para nadie. Por un lado, no acaba de destruir el legado histórico de Peña Nieto, y por otro, no entiende o no puede hacer realidad la educación de la 4T, algo que, al parecer, no están dispuestos reconocer.