En junio del 2020 el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó la agenda transiciones ambientales. Documento en el que se busca construir una nueva forma de ver al ambiente y sus necesidades.

El documento, que pretende constituirse en la ruta crítica de la atención de los problemas ambientales del país, se basa en siete ejes de acción a los que denomina transición. Estos son: forestal, agroecológica y pesquera; transición hídrica, transición energética; transición biocultural; transición urbano industrial; transición educativa y transición ciudadana, justicia y gobernanza ambiental.

Cada uno de estos se encamina, a decir del gobierno, a revertir los daños que durante décadas se han generado en el medio ambiente y en la salud de las personas. En el medio ambiente, dañando los principales elementos que permiten que las personas acceden al derecho fundamental de un ambiente sano y libre de contaminación y devastación.

Cada uno de ellos apunta a uno o más conflictos ambientales. Representa una o varias demandas de las y los ciudadanos de las comunidades, de las organizaciones. Cada uno implica una responsabilidad del gobierno para promover la solución del conflicto, la sanción de los responsables y los procesos de rehabilitación y/o restauración del o los sitios dañados.

Resalta, en el documento, el señalamiento del gobierno en torno a que los daños ambientales son producto de una etapa neoliberal y que esta administración, la que se califica como postneoliberal, está encargada de lograr que los temas ambientales sean resueltos y los derechos de las personas, respetados.

En el documento se asegura que la Semarnat está desarrollando un plan de restauración ecológica para las cuencas de seis ríos que la sociedad civil ha denunciado como unos de los más contaminados en el país”, aun cuando no señala cuales son, es posible, sin embargo, que el río Tula no se encuentre entre ellos, ya que mientras que se planea la restauración de ríos, en su caso, se planea su adecuación para recibir una caudal mayor de aguas residuales provenientes de la sustentable Ciudad de México.

Hay puntos en la agenda que se antojan oscuros, que no alcanzan a explicar parte de la realidad a la que se van a enfrentar, claro es que no podemos exigir acciones múltiples y profundas en una administración, la que sea, para el conjunto de conflictos ambientales generados durante décadas.

Destaca, como los estados del Golfo de México, han perdido más de 80 por ciento de su biodiversidad, lo que tendrá un alto costo económico para el país. El que, en el caso del 2018, ascendió a un 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en el futuro podría ser aún peor.

Señala que es fundamental “una política de emergencia, restauración y conservación de los elementos vitales que requerimos”, la que se construye desde la postura ideológica del postneoliberalismo “como un derecho humano esencial: aire limpio y respirable, bosques y agua para el bienestar social, transición energética, alimentos sanos, hábitat apropiado, reciclaje de residuos, control de residuos peligrosos, hogares y comunidades sustentables”.

A pesar de ello, insistir en los puntos oscuros, referirse a los hechos mismos que se han quedado un tanto en el aire, abandonados, bajo el mismo esquema de los neoliberales. La declaratoria de emergencia hecha por la misma Semarnat no avanza en el caso de Tula.

En el marco de esta misma declaratoria es fundamental hablar de una transición energética en la zona, de tal manera que se reduzca la presencia de partículas menores a 2.5 micrones, las que amenazan el mismo derecho que dicen tutelar.

Por otro lado, la selva baja y media del estado de Hidalgo se encuentra devastada en un porcentaje superior 80 por ciento, esta representa oportunidades extraordinarias en actividades de adaptación y mitigación del cambio climático; sin embargo, no hay hasta el momento, procesos encaminados a su restauración y conservación.

Menos con la presencia de la poderosa Minera Autlán en las inmediaciones de los municipios de Molango, Tepehuacn y ahora buscando las tierras del bosque de niebla del municipio de Tlanchinol.

La Agenda Transiciones Ambientales, hasta el momento, para el caso de Hidalgo, es una buena intención, plagada de un férreo análisis ideologizado del entorno ambiental, pero aun lejana de la visión imprescindible para el futuro de México.

La degradación ambiental es una certeza, en ello, el gobierno no se equivoca, el proceso de restauración, sin embargo, es un anhelo, una aspiración en medio del desastre y las amenazas que vivimos.