De acuerdos presidenciales – Columna de Marco Moreno
 
Hace (27) meses
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Marco Moreno
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Fue en la década de los 70 del siglo XX cuando en México se inicia la evaluación del impacto ambiental; en primer lugar, lo realiza la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), a través de su Dirección de Impacto Ambiental, que los instrumenta en el desarrollo de las obras hidráulicas del país.

Junto a esta decisión se crea la Comisión Intersectorial de Saneamiento Ambiental, entidad bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Protección del Ambiente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), menciona el Biólogo Raúl Arriaga Becerra.

Es precisamente esta unidad la que construye los elementos técnicos y sienta las bases de lo que será la evaluación del impacto ambiental.

Han pasado casi 50 años de que se dieron los primeros pasos en la búsqueda de evaluar y mitigar el impacto ambiental que las obras y actividades que desarrolla el gobierno y las empresas generan en el entorno en que operan.

A pesar de estos pasos durante este período de tiempo también se ha impulsado de manera constante, no solo la evaluación del impacto, también frente a la no remediación de sitios por parte de las empresas y so gobiernos se ha buscado construir un marco jurídico que permita sancionar y castigar a aquellos que infrinjan la normatividad.

Largo ha sido el proceso de gestión de las organizaciones de la sociedad civil frente al Estado mexicano para lograr transformaciones profundas en materia ambiental y en torno a lo que en México por mucho tiempo se catalogo como un derecho de tercera generación: El derecho a un ambiente sano.

Y en medio de toda está búsqueda, surge un acuerdo presidencia que establece que las obras que realiza el gobierno federal son de interés público y seguridad nacional como único mecanismo que garantice que no se detenga ninguna obra, por amparos o por acciones organizadas de la sociedad.

Un acuerdo que da marcha atrás a todo lo que en materia de evaluación ambiental se ha logrado en el país, pues es precisamente el gobierno quien inicia revisando el impacto de las obras que realiza. Es decir, la propuesta del presidente de la república, va contra toda la tradición normativa construida en México desde casi la mitad del siglo XX.

Esta decisión, se ve mal, pero los que dicen saber, dirán con toda rapidez que el gobierno federal tiene derecho a proteger sus obras de las acciones conservadoras de los grupos de poder económico del país.

Sin embargo, quienes ejecutan las obras no solo es el ejercito y las secretarías del poder ejecutivo, también están los grupos empresariales, los inversores privados, más o menos igual que en todas las inversiones nacionales.

Hay cosas que al presidente no le agradan y toma decisiones al filo del autoritarismo, está es una de ellas, protege las inversiones del poder ejecutivo, pero de quién, se pronuncia por transparentar todo frente al pueblo, pero crea un acuerdo que opaca cualquier ejercicio de transparencia.

En ese sentido, al menos El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha anunciado que ya analiza el acuerdo y que plantea realizar una controversia constitucional de ser necesario, para clarificar el contenido del acuerdo.

Asegura el instituto que “las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado”

Explica que “el documento publicado, el lunes 22 de noviembre, en el DOF señala que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura” lo que a decir del instituto puede crear un proceso de discrecionalidad y ocultar información sensible y de interés general.

Es claro que para el INAI “se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información” lo que deja al acuerdo presidencial en una delicada posición.

Ahora corresponde al presidente, tomar en cuenta las observaciones realizadas por el INAI, dejar en claro el sentido de su acuerdo y delimitar de manera precisa los alcances y límites de su acuerdo emitido en torno a las obras que desarrolla su gobierno.

Pero, sobre todo, él es un presidente que se apoya en la historia para llevar a cabo, no solo sus argumentos, sino también sus decisiones. Sería apropiado, que revisara la historia de la validación del impacto ambiental en lugar de buscar la dispensa de los trámites para las obras. Revisar los mecanismos sociales que llevaron a crear una cultura de transparencia y tratar de comprenderla.

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