Al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto 16 millones de expedientes estaban reservados o escondidos por el gobierno federal.
Después de que AMLO ganó la elección, el gobierno ordenó reservara otros 3 millones 776 mil, entre ellos los del caso Odebrecht (reservado hasta 2023), el del espionaje telefónico del CISEN (hasta 2024) y el del diagnóstico de la Guerra contra las Drogas que en septiembre de 2012 le entregó Felipe Caderón a su sucesor (hasta 2027). Por seguridad nacional, la SER ocultó los contratos con LavaTap para limpiar sus oficinas cuando José Antonio Meade fue su titular.
Al asumir la presidencia, Andrés Manuel dijo que “lo que buscamos, lo que anhelamos, es la purificación de la vida pública
de México”.
Esa purificación no podrá darse mientras más de 16 millones de expedientes se mantengan reservados, no para proteger la seguridad nacional ni comprometer investigaciones en curso, sino para evitar que los mexicanos nos enteremos de las trampas, negocios chuecos, conflictos de interés y abusos de poder que perpetraron miles de funcionarios en las anteriores administraciones.
Esa purificación no podrá darse mientras algunos funcionarios de la actual administración insistan en esconder información, como decidieron hacerlo quienes mandan en la SCT, al ocultar hasta 2024 la grabación de las comunicaciones que sostuvieron con el aeropuerto de Puebla los pilotos del helicóptero que el 24 de diciembre pasado se estrelló cuando en él viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle.
A dos solicitudes de información hechas por el periódico Milenio, la SCT respondió que esa grabación está reservada por motivos de seguridad nacional y para respetar acuerdos internacionales.
La decisión de la SCT contradice la promesa hecha por Andrés Manuel el mismo día del helicopterazo, cuando en un tuit escribió: “Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia”.
Ayer, al informarle durante su conferencia de prensa sobre la decisión de la SCT, el presidente dijo: “No tenía conocimiento de lo que me está preguntando, mi recomendación es que haya transparencia completa, le voy a pedir al secretario que revise este asunto. A lo mejor es una norma, pero lo más importante es la transparencia y que no haya motivo a suspicacias”.
Horas después de la mañanera presidencial, el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, aceptó que hubo “una confusión” y que de inmediato se haría pública la grabación.
Es preocupante que sobre un asunto tan delicado Jiménez Espriú no estuviera al tanto de la decisión de reservar la información y, si lo estaba, no le informara a su jefe que iba a ocultarla. Lo único que logró es que se revivieran los rumores de que los políticos poblanos fueron asesinados para darle a Morena la oportunidad de quedarse con la gubernatura de Puebla.
El presidente debe preguntarle qué sucedió a Jiménez Espriú y reclamarle su falta de transparencia con él y el país. Debe preguntarle si cree o no en “la purificación de la vida pública” del país.
AMLO también debe someter al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la inservible Ley de Transparencia.
