En octubre de 2003 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Corrupción y designó el 9 de diciembre como Día Internacional para su combate. Se trata de un fenómeno global con efectos nocivos para los gobiernos, las empresas y los ciudadanos. En México tiene una especial complejidad. Es tan amplio y su presencia es tan antigua que prácticamente se ha normalizado. Contamina a tantos ámbitos que, según relatan inversionistas, impulsar un proyecto libre de corrupción en este país es siempre difícil y en ocasiones imposible.
Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, me compartió en entrevista los resultados de una investigación realizada por el IMCO sobre cohecho internacional. En ella se muestra que México ha incumplido sus compromisos para combatir la corrupción. Los esfuerzos han sido claramente insuficientes. Se inician pocas investigaciones y se les da seguimiento todavía a menos. “Falta acción, conocimiento y monitoreo de este delito. La corrupción no es una sola práctica, no la realiza una sola persona y no hay una sola manera de combatirla. Necesitas instituciones fuertes y personal capacitado”. En México no hay lo uno ni lo otro. Las fiscalías anticorrupción no tienen aún el personal suficiente ni los recursos económicos para investigar. Hay todo un sistema nacional y cada entidad tiene sus instituciones, pero sin lo necesario para operar con eficacia.
Preocupa que, usando el combate a la corrupción como pretexto, se hayan tomado decisiones que derivaron en afectaciones graves para los mexicanos. Nos dijeron que había malos manejos en las estancias infantiles. Con esa justificación anularon un servicio que era crucial para muchas madres trabajadoras. Algo muy similar ocurrió con un número importante de fideicomisos.
Todavía más nocivo ha sido el cambio en la estrategia para adquirir medicamentos. Se planteó centralizar las compras para evitar corrupción, pero la implementación de la nueva metodología ha sido terriblemente ineficaz.
El desabasto de tratamientos y medicamentos ha dejado a varias personas enfermas en situación de grave riesgo. Sus familiares ven con desesperación que pasan los meses y no se soluciona el abasto.
Lamentablemente, en muchos casos ha derivado en muertes. No está claro si los malos manejos en la adquisición de medicamentos lograron corregirse, pero sí es clarísimo que el daño que se ha hecho a esas familias no puede resarcirse.
En este contexto, se plantea ahora blindar todas las obras del gobierno; que nada las frene y que nadie sepa cómo se ejercen los recursos. Una apuesta por la opacidad en un país en el que lo que urge es transparencia.
Eso enciende el temor de que el combate a la corrupción seguirá dándose solo en el discurso, cuando hay cada vez menos tiempo para que no se quede en promesa.
