No hay que esperar a que llegue un presidente populista. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha tomado medidas que parecen interesadas solamente en obstaculizar la inversión y en intervenir de manera indebida en las decisiones de las empresas.

En una medida poco conocida de la reforma fiscal de 2014, la más deficiente de las reformas estructurales, se incluyó el siguiente texto en el artículo 183 de la Ley del Impuesto sobre la Renta: “Los residentes en el extranjero que realicen actividades de maquila a través de la empresa de maquila bajo la modalidad de albergue, únicamente podrán aplicar lo dispuesto en este artículo por un período de 4 años consecutivos.”

¿Qué es el albergue? ¿Por qué el gobierno de Peña Nieto lo permite, pero lo restringe y lo considera tan peligroso que ordena extinguirlo después de que una empresa lo emplea durante cuatro años? ¿Por qué no puede una compañía mantenerse bajo el techo del albergue si lo considera útil o indispensable para su operación?

El albergue, o shelter, como se le llama en el medio de la maquila, es una forma de operación de una empresa que, en lugar de establecer su propia fábrica y reclutar a su personal, contrata a una empresa mexicana que le proporciona todos los servicios administrativos y de fuerza de trabajo.

Algunas firmas internacionales prefieren manejar de manera directa sus operaciones en México. Esto es particularmente cierto con las grandes corporaciones, que tienen la estructura administrativa para hacerlo de manera eficiente. Otras, sin embargo, prefieren recurrir a shelters para enfrentar la burocracia y los riesgos de operar en nuestro país.

Algunas empresas usan el shelter como un primer paso en su instalación definitiva en el país, otras prefieren mantenerse en el esquema durante décadas. Cada opción tiene ventajas y desventajas. Manejar una operación de forma directa puede ser más barato, porque no se pagan los honorarios de la empresa de albergue, pero tener a una socia que haga todo el trabajo administrativo que no es realmente la especialidad de la firma productora puede ser una buena decisión. Yo hago lo mismo cuando contrato a una contadora para que lleve mi contabilidad y los pagos de impuestos, porque lo hacer mejor, aunque tenga que pagarle un honorario.

Recurrir o no a un shelter debería ser decisión de los directivos de cada empresa, como la de comprar o arrendar vehículos o maquinaria de trabajo, pero siempre surge un burócrata que piensa que puede tomar mejores decisiones que los dueños o ejecutivos de las empresas.

Hacienda ha tenido ya que echarse parcialmente para atrás en la restricción del artículo 183 de la LISR. Una regla miscelánea, la 3.20.06, alargó el plazo de cuatro a ocho años. Esto dio un respiro a las empresas que dan o reciben servicios de albergue, pero no eliminó la incertidumbre jurídica que tanto daño hace a la inversión.

Hacienda no recauda más por su hostilidad al shelter. Al contrario, la medida puede evitar que se hagan nuevas inversiones o provocar el retiro de las ya existentes. En el shelter, por otra parte, tanto la empresa contratante como la contratada pagan sus impuestos y generan recaudación.

Ya hay una iniciativa en el Congreso, de la diputada Susana Corella de Guaymas, un lugar de Sonora donde las inversiones de shelter han creado miles de empleos, que elimina la discriminación contra el sistema de albergue. Hacienda debe prestar atención y apoyar el cambio de una ley que parece hecha para destruir inversión en un gobierno que dice que se opone a los populismos.

Destruir riqueza
Donald Trump sigue destruyendo riqueza, ahora con su guerra comercial contra China. Los gobernantes populistas siempre dicen que actúan para favorecer al pueblo, pero empobrecen al pueblo con sus medidas.

Sergio Sarmiento
Twitter: @SergioSarmiento