El panorama para la realización de la Consulta Popular para la Revocación de Mandato, que según la ley debe realizarse en 2022, el próximo 10 de abril, según acordó el INE, cada vez se ve más incierto. El ejercicio inédito de democracia directa, que nació viciado de origen al ser propuesto y promovido por el mismo presidente al que se pretendería revocar el mandato y no por petición de los ciudadanos, no ha logrado despertar en los votantes el mismo entusiasmo y pasión con el que lo promueven los morenistas y la misma Presidencia de la República.
A pesar del fuerte despliegue de Morena con la instalación de carpas y mesas receptoras en toda la República, especialmente en la Ciudad de México, y con todo y mañas y trucos, como llamarlo “consulta de ratificación” en vez de revocación, el partido gobernante y el gobierno están teniendo problemas para obtener la cantidad de firmas necesarias y el ritmo para su obtención ha resultado muy lento, al grado de que apenas se llevan recabadas, según el último corte del INE, 600 mil firmas, cuando la ley establece que se requieren casi 3 millones para reunir el 3% del listado nominal de electores.
Faltan 25 días para que venza el plazo para reunir los 2.85 millones de firmas necesarias para convocar a la Consulta Popular y preguntarle a los mexicanos si quieren que se le revoque el mandato al presidente López Obrador, por “pérdida de confianza” o si debe continuar en el cargo hasta el final de su mandato en 2024. La respuesta de los ciudadanos no partidistas ha sido apática ante la petición de firmas para un ejercicio que, además, según el presupuesto solicitado por el INE, nos costaría a los mexicanos casi 4 mil millones de pesos, para instalar 162 mil casillas.
Si el 25 de diciembre no están recabadas y validadas por el Consejo General del INE las firmas necesarias que marca la ley, no se podría realizar el ejercicio de revocación de mandato, un escenario que algunos empiezan a prever como posible porque, además, la Consulta Popular de abril próximo también está afectada por el tema presupuestal, pues la Cámara de Diputados decidió recortarle al INE 5 mil millones de pesos del presupuesto solicitado para 2022 y en donde se contemplaban los recursos necesarios para dicha consulta.
A la incertidumbre por los recursos y la apatía ciudadana, se le suma el boicot de la oposición que, de nueva cuenta, como lo hizo con la llamada “consulta popular para enjuiciar los expresidentes” está llamando a hacerle el vacío al ejercicio promovido e impulsado por el presidente y por su partido. Los opositores aseguran que, más que un interés de impulsar la democracia directa con este ejercicio, lo que buscan López Obrador y Morena es un resultado de “ratificación” que sería utilizado políticamente y manipulado para hacer campaña y decir que “la mayoría de los mexicanos apoya y ratifica al gobierno y a las políticas lopezobradoristas”, todo con miras a las ocho elecciones de gobernador entre 2022 y 2023 y a las elecciones presidenciales de 2024.
A partir de mañana y considerando que empieza ya la temporada decembrina y las vacaciones de fin de año, a los promotores de la Consulta de Revocación de Mandato les quedarán si acaso dos semanas para intensificar la recaudación de firmas para alcanzar la cifra de 2.85 millones de ciudadanos, identificados legalmente, que soliciten la realización de este ejercicio constitucional y democrático que por primera vez tendría lugar en México. Veremos si la estructura electoral de Morena, incluidos los llamados Servidores de la Nación, que son también parte de la estructura política del partido gobernante, a pesar de ser funcionarios públicos, logran el cometido y alcanzan las firmas necesarias y validadas. De lo contrario, habrá alguien que se enojará y mucho en Palacio Nacional.
