“Se necesitan 20 años para construir una reputación y cinco minutos para arruinarla.”
Warren Buffett
Pero qué necesidad de seguir atentando contra la estabilidad financiera en un momento de transición. La última de las ocurrencias de los legisladores de la Cuarta Transformación es confiscar las pensiones de los trabajadores.
“Para resolver la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en México se requiere terminar con el sistema de cuentas individualizadas de capitalización -reza la iniciativa presentada por los diputados del Partido del Trabajo–, y que el Estado regrese a un sistema de pensiones único, donde una institución pública administre todos los fondos de pensión, invirtiéndolos en el sector industrial, con el objetivo doble de propiciar el crecimiento y la capitalización de la industria nacional, la generación de empleos y la garantía de mejores rendimientos para los trabajadores a la hora de concluir su vida laboral.”
Sobre los fondos de pensiones de los empleados de organismos, empresas y universidades públicas, la iniciativa señala: “Si bien es cierto que estamos a favor del derecho de los trabajadores, en el caso que nos ocupa no debe pasar desapercibido que constituyen un exceso porque fueron pactados con representantes del Estado que no tuvieron en cuenta la prevalencia del interés superior de la mayoría de los mexicanos”.
Es indudable que se requiere una nueva reforma del sistema de pensiones. Los montos que se están acumulando en las Afores no son suficientes para otorgar un ingreso razonable a los jubilados. Pero la solución no radica en que el gobierno confisque el dinero de los trabajadores y lo maneje en régimen de monopolio, sino en aumentar las aportaciones y la competencia entre las Afores.
Los partidos aliados con Andrés Manuel López Obrador están lanzando iniciativas que debilitan a los mercados. Lo hacen en aras de una supuesta independencia del poder legislativo ante la Presidencia, pero el resultado es acercar al país a una
crisis financiera.
El presidente electo no puede fingir inocencia. Si bien los inversionistas no se preocuparon ante sus propuestas de campaña, porque prometía respetar la economía de mercado y no incurrir en un mayor déficit de presupuesto, la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue la primera señal de que gobernaría como populista. Las acciones de la bolsa y el peso empezaron entonces su caída.
Después vinieron los legisladores. Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo, propuso tomar las reservas internacionales del Banco de México para financiar gasto público. La iniciativa fue descalificada como un “absurdo” por el próximo secretario de hacienda, Carlos Urzúa, pero igual afectó a los mercados. Después Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, presentó una iniciativa para prohibir las comisiones bancarias, también descartada por el nuevo gobierno, pese a lo cual Monreal insistió en mantenerla. Paco Ignacio Taibo II, futuro director del Fondo de Cultura Económica, propuso expropiar minas y generó un desplome de las acciones mineras. Ahora tenemos la iniciativa de confiscar el dinero de las Afores.
López Obrador y su equipo económico pueden seguir declarando que estas iniciativas no representan su agenda legislativa, que no quieren llevar al país por el camino de Venezuela; pero la insistencia en presentar propuestas destructivas está debilitando a los mercados nacionales. Parecería que los políticos de la Cuarta Transformación quieren provocar una crisis financiera.
Linchamientos
Dice López Obrador que someterá a consulta popular si somete a juicio a los ex presidentes por “impulsar las políticas neoliberales”. Pero ¿es ilegal aplicar políticas liberales? Y ¿debe la justicia aplicarse por consulta popular, como en los linchamientos?
