La sentida jornada de protesta que movilizó a las mujeres este domingo y lunes logró llevar hasta las plazas públicas un grave cúmulo de denuncias en contra de depredadores sexuales que les impiden su crecimiento y bienestar.

Mayúsculo fue el esfuerzo que hicieron muchas para soltar los nombres de sus depredadores, sobre todo cuando pertenecen a su círculo familiar o amistoso; otras arriesgaron becas, empleo, promociones, en fin, todas se expusieron una vez más con el propósito de hacer de la denuncia un acto de fe por sanar esta sociedad.

Ellas ya hicieron su parte, ahora ¿cómo responderá el aparato gubernamental que está obligado a realizar su trabajo y resolver las denuncias desde el ámbito de su competencia?

Ahora, los doctos funcionarios públicos deberán realizar un acto de auto reflexión para saber si tienen la capacidad de dar respuesta en forma inmediata a las denuncias, luego, medir su capacidad a futuro para sanar esas fisuras sociales que hacen ver que existe una competencia entre los hombres y las mujeres.

Tocante al primer punto ¿existe capacidad del gobierno de Hidalgo para atender las demandas de las mujeres? Solo para incentivar el ánimo, encontramos que durante esta administración estatal se han iniciado 4 mil 388 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y seguridad sexual.

Estas cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública muestran que, efectivamente, las víctimas denuncian y piden castigo. Ahora, al revisar quienes se encargan de solventar esas denuncias legales, encontramos que la Fiscalía para la Atención de Asuntos de Género solo cuenta con cuatro integrantes, incluyendo su director.

Si miramos las cuentas de violencia intrafamiliar, que por infortunio en últimas fechas ha tenido lamentables sucesos, superan con mucho a los demás delitos y se coloca como de los más recurrentes en Hidalgo.

Tan solo durante el actual gobierno estatal se han denunciado 19 mil 860 casos. Y para dimensionar este grave problema social, podríamos decir que durante enero del 2020 se registraron 15.5 casos diarios. Cada dos horas una mujer, principalmente, o sus hijos, sufren de maltrato o lesiones.

Y para resolver estos casos, hay un equipo de 36 agentes del MP dentro de la Coordinación General de Atención a la Familia y a la Víctima. Esto quiere decir que cada uno de ellos debió conocer de 551.6 casos durante la presente administración.

De acuerdo con el Inegi, solo un 11.5 por ciento de estos casos llega a primera instancia. Prácticamente una de cada diez es conocida por un juez.

Entonces, por necesidad tiene que evolucionar este sistema para permitir que la aspiración de justicia de todo mexicano sea cumplida.

Millonarias cantidades se han invertido en experimentos como la Ciudad de las Mujeres, que a la vuelta de los años han mostrado ser un saco roto al erario frente a una cruda realidad que no ha podido enfrentar. En su amañado portal web, solo se observa la atención a 2 mil 769 mujeres violentadas.

Bajo este panorama, son mínimas las esperanzas de justicia a las decenas de denuncias de jovencitas y mujeres que hicieron valientemente en los tendederos de sus acosadores.

El gobierno, sin duda, deberá modificar su nivel de atención para servir con efectividad esa demanda de la sociedad, porque de otra manera abre huecos que son llenados por otros esquemas de poder.

Nimiedades: Dentro de las líneas de investigación que trabaja la policía en torno al origen de los grupos de choque que causaron destrozos en la Cdmx el domingo pasado, algunas señalan a Pachuca.