Al leer el contenido de la denuncia que involucra al operador de Morena, Williams Arturo Trejo Leal, su esposa, hermana y cuñado, son tan convincentes los testimonios, particularmente de las víctimas, que en un sentido estricto del sentido común, hubiésemos esperado que la investigación se profundizara. Estar nueve meses a salto de mata, como él lo estuvo, no es una buena señal, no para alguien que hoy se presume inocente y que busca lavarse la cara, acusando una persecución política y económica.
No es fácil comprender la administración de la justicia en casos como estos, donde las víctimas son dos menores de edad, cuyos testimonios debieron tener una profunda validez. No es comprensible entonces, que en un tronido de dedos, una juez haya dictado libertad inmediata, dejando el caso en el mero anecdotario, aunque se diga que este sigue abierto y en manos de las autoridades federales.
Pasada la campaña electoral del año pasado, alguien cercano a Williams Trejo Leal, me comentó que, según él, habría invertido unos 35 millones de pesos para que Morena pudiera operar esas elecciones y, sobre todo, ganarlas. Era una inversión segura, que le permitiría beneficiarse de obra, porque no estaría interesado en formar parte de la administración pública, aunque sí esperaría para una de sus concuñas, la candidatura a diputada federal por el distrito de Ixmiquilpan.
Esa era su tirada inicial antes del escándalo sexual por el cual estuvo a salto de mata durante nueve meses, hasta que fue detenido junto con su esposa en Playa del Carmen, Cancún, en el estado de Quintana Roo.
De ser verdad que invirtió 35 millones de pesos en la campaña electoral, habría una duda razonable en esta incipiente administración de justicia en Hidalgo, que se hayan impuesto vicios e influencias. La cabalidad con la que ahora defiende su inocencia, debió ser la misma que debió imponer desde el primer minuto, cuando ni él, ni sus abogados, salieron a defenderse.
Pensemos, cuando surgió el caso el gobernador aún era Omar Fayad, quien habría deseado utilizar este caso para su beneficio político; ok, pero entonces por qué siguió escondiéndose después de que el hoy mandatario, Julio Menchaca, tomó protesta. Por qué tuvieron que ser elementos de la Marina y fuerzas federales quienes hicieron el aseguramiento, son dudas razonables; insisto, que debe aclarar quien hoy se dice inocente, perseguido, luchador social y un ciudadano intachable. Algo no cuadra en esta trama.
Desde luego, la presunción de inocencia desde salvaguardarse y garantizarse, lo deseable, es que este caso en particular se aclare y principalmente, que se garantice el acceso a la justicia a las dos víctimas, de las que no solo existen testimonios, sino también peritajes que confirman el ultraje. Lo terrible de esto es que en caso de una falla o vicio en la administración de la justicia, tendríamos en la vida pública a un criminal en libertad y en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos.
