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A criterio deColumnasHéctor de Mauleón

Vamos bien

La persona que llegó a abrir el negocio a la mañana siguiente descubrió ese horror. Once cuerpos tendidos dentro del bar La Cabaña del Toro, en Jaral del Progreso, Guanajuato.

No había cámaras de seguridad en el interior del local. Tampoco en las proximidades.

Las autoridades recogieron decenas de elementos balísticos. Tres de los calibres procedían de armas largas. Otros dos, de armas cortas.
La sucesión de hechos es oscura. No se habían recibido denuncias por cobro de piso o extorsión. La única mujer que sobrevivió al ataque en el que fallecieron siete hombres y cuatro mujeres fue llevada a un nosocomio en tal estado de gravedad que le era imposible hablar.

Ninguna de las víctimas se encontraba maniatada. Ninguna había sido sometida. Por la posición en que se hallaron los cuerpos se determinó que la masacre provenía de una agresión directa: al menos tres sujetos entraron al lugar. Tiraron sobre los clientes y sobre quienes los atendían.

Testigos que, por miedo, según fuentes de la fiscalía, proporcionaron información a cuentagotas, detectaron dos vehículos que huían a toda velocidad.

La masacre ocurrió muy entrada la madrugada. La Cabaña del Toro operaba de manera irregular: no tenía autorización para abrir sus puertas por causa de la pandemia.

Jaral del Progreso, localidad de 40 mil habitantes, se encuentra en las proximidades de Valle de Santiago y a menos de 30 kilómetros de Villagrán, cuna del Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyo líder fue aprehendido a principios de agosto de este año.

Aunque en ambos municipios se resienten los estragos de la presencia criminal —han ocurrido ejecuciones de custodios del Cereso Mil, así como asesinatos y quema de autos de policías—, en Jaral del Progreso no existían reportes recientes de actividad criminal. A diferencia de otros municipios guanajuatenses bañados en sangre, ahí no hay registro de ejecuciones; tampoco, de narcomensajes cruzados entre grupos del crimen organizado.

Las autoridades avanzan a oscuras, mientras la violencia vuelve a sacudir la entidad. Una semana después de la captura de José Antonio Yepez, el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa, 62 personas habían sido asesinadas en el estado.

Según el diario AM, entre enero y el 22 de septiembre pasado han ocurrido en el estado 35 masacres (ataques con cuatro o más víctimas) que han dejado en las calles un total de 210 cadáveres.

Solo este fin de semana se registraron 40 homicidios en Guanajuato. La cuenta de enero a agosto corta la respiración: 3 mil 82 asesinatos.
Cayó el Marro, pero la violencia no cesó.

Comenzó la pugna al interior del Cártel de Santa Rosa de Lima por el liderazgo de la organización. Simultáneamente, el Cártel Jalisco Nueva Generación intensificó una guerra territorial que tiene como fin la comercialización de hidrocarburos, la venta de droga, el robo al transporte de carga y la extorsión.

En marzo pasado, un comando irrumpió en el bar La Playa Men’s Club de Irapuato y dejó 15 muertos sobre la pista. En julio, 24 jóvenes fueron prácticamente fusilados en un “anexo” de Irapuato al que habían ido a rehabilitarse de su adicción a las drogas. El 17 de septiembre, cinco personas que asistían a un funeral fueron ejecutadas en Celaya.

Hace unos días, el martes 22, otro comando llegó a la taquería el Cuñao, en la ciudad de Irapuato, y barrió a comensales y empleados. Entre las víctimas se encontraban unos mariachis y una mujer.

El presidente fue interrogado en la “mañanera” sobre la masacre ocurrida en Jaral del Progreso, que dejó 11 muertos. Transcribo su respuesta, tal como la consignó el diario AM: “Vamos bastante bien a pesar del coraje, del enojo de los conservadores y de los medios de información”.

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