Uno de los grandes problemas en la región de Tula lo constituyen los tipos de contaminantes que se liberan a la atmosfera, el agua y el suelo. Polución que de manera histórica se ha ido acumulando en la zona y ha puesto de manifiesto la incapacidad del Estado mexicano para promover un desarrollo económico encaminado a mantener el equilibrio ecológico.

Hablar de una empresa es poner de manifiesto, en lo particular, los daños ambientales que su operación genera. Sin embargo, es importante que no se pierda la perspectiva en torno a los daños que se han generado en la zona y el origen de estos.

Hablar de daños ambientales, por otro lado, no solo es hacer referencia a las empresas que se encuentran instaladas en la región, sino también a las autoridades federales, estatales y/o municipales que ha permitido su llegada y operación. Estas decisiones están íntimamente ligadas a las políticas públicas diseñadas y operadas en la entidad.

Asegurar que las empresas son las únicas responsables de los daños ambientales es asegurar que, sin mediar gestión alguna, estas se instalaron en cualquier lugar. Pero no, su ubicación obedece a decisiones adoptadas en los Poderes de la Unión, en la construcción de leyes por parte del Legislativo y la autorización por parte del Ejecutivo o la instrucción judicial de respetar esas leyes por el Poder Judicial.

Esa parte no ha sido lo suficientemente revisada en el país y se ha mantenido una búsqueda en relación a que las empresas deben respetar las leyes, pero en ocasiones las leyes son hechas en función no del respeto al medio ambiente, sino de la promoción económica de áreas de gestión ambiental en beneficio de las empresas.

La NOM-083-SEMARNAT-2003 es un claro ejemplo de esta situación, asociada generalmente a la gestión sustentable de los residuos sólidos municipales, ¿en verdad solo establece las condiciones que deben de reunir los sitios de confinamiento final de los residuos municipales?
De hecho, la norma señala de manera clara que es para determinar las “especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”.

De igual manera, la NOM-098-SEMARNAT-2002, que busca establecer las condiciones en la que deben realizarse los procesos de incineración, misma que abre la puerta para que las empresas, principalmente las cementeras, puedan quemar en sus hornos, estos residuos.
Por ello, señalaba que hablar de una empresa, usándola como ariete en cualquier lugar, perdiendo de vista el conjunto de hechos y responsables, implica tratar los problemas que afectan a las personas de manera incompleta.

Pero, hablemos de la Termoeléctrica de Tula y su aportación a los daños ambientales de la región. La misma que en 2003 fue denunciada por la Sociedad Ecologista Hidalguense y por otras organizaciones como responsable de lluvia ácida que dañaba el patrimonio natural y cultural de la región, además de la salud de las personas de la zona.

En aquella ocasión la empresa fue sancionada y clausurado el generador número 4, responsable de la lluvia ácida, y se le emplazó a tomar medidas de urgente aplicación para evitar el daño continuado en el área.

No fue suficiente, no hubo por parte de la autoridad ambiental una revisión puntual y precisa sobre la empresa y esta continuó su operación de manera casi normal.

En el año 2019, se asegura, por parte de la propia Comisión Federal de Electricidad que en la zona generó 9 mil 487 toneladas de partículas menores a 2.5 micrones, lo que implica, sin lugar a dudas, violaciones a la normatividad ambiental vigente en el país.

Además de ello, en el mismo año se generaron 14 mil 90 toneladas de óxidos de nitrógeno, la que a la larga se traduce en profundos daños ambientales en la atmosfera y graves daños a la salud de las personas.

Si a estos datos sumamos los que se desprenden del resto de industrias asentadas en la zona y las devastaciones, que, sobre todo, las empresas cementeras y caleras producen, estaríamos empezando a construir un escenario de destrucción y contaminación. A esto, es necesario agregar la presencia de las aguas residuales provenientes de Ciudad de México, Estado de México y del propio estado de Hidalgo, las condiciones de la región se vuelven totalmente inestables en el ámbito ambiental y de salud.

No basta con señalar a una empresa, se vuelve indispensable actuar en el escenario regional y en la integralidad de la zona. Trabajar atendiendo las condiciones de desastre ambiental y promoviendo el mejoramiento de las condiciones en favor de la salud de las personas.
Es importante construir una propuesta de restauración y/o rehabilitación que implique la construcción de una zona especial. Considerando a esta una zona de excepción ambiental en la que se construyen normas emergentes que permitan un monitoreo e inspección ambiental de la industria con instrumentos nuevos.

Promover un ordenamiento industrial en el que se puedan redistribuir las industrias. Los que piensan saber, dirán que las industrias mejor se irán de Hidalgo. Sin embargo, las condiciones de la región no se pueden sostener en aras del crecimiento económico.

Ordenar industrialmente la región de Tula permitiría poder determinar, entre otras cosas, la no instalación de nuevas empresas hasta en tanto no se logren modificar las actuales condiciones ambientales de la zona.

Iniciar, además, procesos de restauración y remediación de sitios dañados por las empresas, por la extracción de materias primas para la producción, como por la gestión de los residuos sólidos, especiales y tóxicos emanados de la industria.

Implica, por otro lado, obligar a quienes generan aguas residuales, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo o industria, realizar las actividades de caracterización de estas y su tratamiento.

Zonas ambientales especiales, una propuesta en la que la participación y/o concurrencia de los tres niveles de gobierno permitiría enfrentar, con hechos y visión, la lamentable situación ambiental y de salud de la región de Tula.

Una región en la que el discurso y las promesas tienen el mismo aroma que las aguas residuales que descargan en sus ríos y en sus presas.