El triunfalismo del presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje del segundo año de gobierno se sostiene con alfileres: casi ninguno de sus programas y proyectos —acaso algunos asistencialistas como el de adultos mayores y discapacitados— ha dado resultados, y los pocos que podían funcionar, como el de la autosuficiencia alimentaria, empiezan a desmantelarse por cuestiones políticas y rivalidades entre funcionarios de su gabinete.

Es el caso de la iniciativa con la que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a cargo de Ignacio Ovalle, pretendía sustituir las importaciones de leche en polvo para instalar en territorio mexicano una infraestructura de producción del alimento y priorizar la compra de insumos a pequeños y medianos productores del país, en especial los ubicados en la región sureste.

El tema es que México, a pesar de tener más de 16 mil empresarios lecheros y contar con características adecuadas para el desarrollo de la industria pecuaria, se consolidó durante el sexenio anterior como el importador número uno de leche en polvo en el mundo, y se colocó como el quinto lugar en importaciones de leche fresca.
Hasta el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno compró prácticamente todo su producto a Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), una subsidiaria de la trasnacional Reny

Picot, lo que implicó erogaciones por 2 mil 500 millones de pesos a través de cartas de crédito a un año.

ILAS, por cierto, ha sido señalada de violar las restricciones estadunidenses al régimen de Nicolás Maduro para enviar alimentos a Venezuela a través de la compañía Mass Joy Industries LTD, vinculada con la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, y la premisa de reducir la dependencia de insumos alimenticios del exterior, Segalmex y su empresa subsidiaria Liconsa disminuyeron las compras a ILAS desde un total de 57 mil toneladas a tan solo 27 mil en 2019, proyectando incluso llevar a cero la importación para 2020.
Y para sustituir el producto que venía de España, Holanda y Siria, se aceleró la instalación de cuatro plantas deshidratadoras de leche que se ubicarían en Durango, Michoacán, Zacatecas y Tabasco.

Para ello se firmaron convenios de coproducción con el Grupo Vicente Suárez, de Alejandro Puente, y Coprolac Indamex, de Carlos Ernesto Herrera. Ambas firmas invertirían en la instalación de las plantas secadoras, mientras que Segalmex-Liconsa proporcionaría la leche proveniente de pequeños y medianos productores inscritos en el programa de Precios de Garantía.
Con tales acuerdos, cada convenio representaría una inversión para el organismo alimentario de mil 600 millones de pesos anuales, es decir, una reducción en los costos de hasta 36 por ciento en comparación con los recursos que se erogaban desde Liconsa en la época de Peña Nieto para garantizar el programa de abasto.

Algunas de las plantas secadoras están actualmente en operación, por lo que en los centros de almacenamiento de Segalmex en Tláhuac, el Grupo Vicente Suárez entregó más de 12 mil toneladas de leche en polvo que fue comprada a productores de 28 estados del país, lo que significó una ampliación del padrón que anteriormente se concentraba en 11 entidades.

Pese a todo, el proyecto de autosuficiencia alimentaria está a unos días de ser cancelado, según fuentes de Liconsa, que dirige Bernardo Fernández. La eliminación tiene que ver con la cercanía a este directivo de un alto funcionario relacionado con la industria alimenticia, y con un muy encumbrado puesto en la Consejería Jurídica.

Mario Maldonado