Estamos viviendo dos crisis con efectos devastadores: la emergencia sanitaria y la crisis económica.
Ambas crisis requieren medidas efectivas del Estado y de la sociedad. Ambas crisis además, se entrelazan.
Las medidas de contención del virus agravan la crisis económica, al frenar la actividad. La emergencia se presenta en un contexto ya de por sí complicado por las condiciones estructurales del sistema de salud, del modelo económico y en particular del campo laboral, y por la ausencia de un sistema de bienestar social. El sistema de salud está segmentado, es estructuralmente inequitativo, está centrado en lo curativo y tiene calidad deficiente. Es un sistema que no garantiza la salud como un derecho. Y el nuevo modelo de salud universal apenas estaba arrancando.
El modelo económico genera desigualdad y pobreza. La mitad de la población carece de ingreso suficiente para adquirir la canasta básica (2018). Una de las causas principales de la permanencia y el tamaño de la pobreza viene del mundo laboral. En México se puede trabajar y ser pobre. Mucho se atribuye a la informalidad. El problema es más grave y mayor: millones de personas trabajan en empleos precarios, sin ingreso suficiente, sin seguridad social, sin estabilidad y sin capacidad de defensa. Hay millones en riesgo laboral: 7 millones 700 mil en desempleo, con pocas perspectivas de conseguir
empleo pronto.
Doce millones de personas laboran por su cuenta, en su gran mayoría en trabajos de baja productividad el 99% sin seguridad social. Pero también están en riesgo millones de personas que tienen empleo y viven de su salario. Son víctimas de la precariedad acumulada por décadas.
La mitad de quienes tienen trabajo asalariado viven al día: no ganan lo suficiente ni para adquirir la canasta básica para su familia. Cuatro de cada 10, casi 15 millones, no tienen servicios de salud de la seguridad social. Y 18 millones tampoco tienen contrato estable y pueden ser despedidos sin liquidación.
Así arrancamos 2020, antes de que iniciara la pandemia. Nuestro país carece de un esquema que proteja a quienes pierden su fuente de ingreso. No hay seguro de desempleo, ni programas de apoyo a quienes no logran ingreso suficiente para comer. Los programas sociales, siendo útiles, no fueron diseñados para enfrentar esta situación.
Hay tres urgencias que requieren un plan de emergencia:
- Atención a todas las personas infectadas por el Covid-19. La derechohabiencia no debe generar nuevas desigualdades. El Estado debe destinar recursos suficientes para la atención igual de todos los casos en los servicios de salud disponibles —incluidos los privados en caso necesario— con cargo al erario.
- Proteger el empleo. Hay que compensar a todas las empresas que conserven su planta laboral y paguen salarios completos. Hay que encontrar la mejor forma. Por ejemplo, el SAT podría compensar el diferencial para la nómina conforme a la reducción de ingresos. También se pueden ofrecer créditos blandos, compras aseguradas u otras medidas inmediatas y efectivas a quienes mantengan la planta productiva y su personal.
- Transferencias a quienes pierdan su fuente de ingreso. Esto es urgente y requiere hacerse con transparencia y sin abuso político. Nadie debe pasar hambre. Solo así, quienes no pueden trabajar, podrían asumir el aislamiento que es indispensable y urgente.
México puede enfrentar estas crisis y, a la vez, generar una ruta de mediano plazo para lograr un sistema de salud como derecho de las personas, un modelo económico respetuoso de derechos laborales y un sistema de bienestar y protección social efectivo.
Consultor internacional en programas sociales.
