La división social que existe desde hace décadas en el país, y que es atizada diario desde Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refleja en otros ámbitos de poder. La oposición política está dividida, el Poder Judicial está dividido y el poder económico también. Los empresarios de todos tamaños, sobre todo los grandes, ven con preocupación la forma como se llevan las riendas del país, al antojo y capricho del titular del Ejecutivo, sin razonamientos técnicos, sino ideológicos. Un ejemplo es la reforma eléctrica que se aprobó en la Cámara de Diputados sin que le movieran una coma, como lo ordenó el presidente.

Dentro del rechazo común de los empresarios frente a las políticas gubernamentales hay diferentes visiones sobre cómo atajar los problemas y apoyar la recuperación económica, pese a las condiciones adversas.
La visión de algunas cúpulas empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Carlos Salazar Lomelí, es no romper puentes con el gobierno, especialmente con el presidente, pero sí posicionarse frente a temas que afectan la inversión, como los casos de la iniciativa de reforma para eliminar el outsourcing y la contrarreforma eléctrica. Sin embargo, aun en esos casos, por ejemplo el del outsourcing, en las cúpulas empresariales hay división. En diciembre, cuando se firmó un preacuerdo para regular la subcontratación, dos de los siete asociados permanentes del CCE, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entonces encabezada por Gustavo de Hoyos, y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), presidido por Bosco de la Vega, no firmaron el acuerdo bajo el argumento de que no hubo consenso.

La cereza del pastel la puso el martes Carlos Slim, cuando le preguntaron sobre la reforma eléctrica, la cual dijo desconocer. No obstante, soltó un bazucazo con destinatario: “Lo que sí es que hay mucha inversión retrasada en la infraestructura, con dinero privado, porque las obras con recursos públicos empezaron desde que inició el sexenio. Falta mucho de la infraestructura que se anunció hace año y medio”.

¿Es por incertidumbre?, se le cuestionó a Slim. “No, yo creo que puede haber más culpa por parte del sector privado, o no culpa, sino que hay que moverlo más”, respondió. El empresario se lanzó contra los inversionistas que se comprometieron a capitalizar el plan de infraestructura que se anunció en noviembre del año pasado por 525 mil millones de pesos en el que se incluyeron 68 proyectos en Comunicaciones y Transportes, Energía, Agua y Medio Ambiente.

¿Cómo va la ejecución de esas inversiones? A decir de Slim, mal; aunque Carlos Salazar ha asegurado que se está ejecutando bien. La Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Jorge Nuño, es la que tiene la información, puesto que fue la designada por el Presidente para decidir y supervisar los proyectos. Valdría la pena que la hiciera pública.

El anuncio de noviembre fue el segundo de un paquete de tres, según informaron los empresarios y el secretario Arturo Herrera. El próximo se hará a más tardar en marzo, por un monto similar, de 500 mil millones de pesos. Jorge Nuño se ha reunido con empresarios y directivos de diferentes compañías para ver cuáles serán los próximos proyectos a ejecutar. La pregunta es si seguirá la reticencia de muchos empresarios a apostar por los proyectos en un entorno poco propicio para la inversión por los cambios de reglas y de políticas. Y también si en esta disyuntiva quien tiene razón son los hombres y mujeres de negocios que se rehúsan a invertir o Carlos Slim, quien les critica su falta de compromiso y también su oposición al aumento del salario mínimo.

Empresarios contra empresarios. El mundo al revés…. y el rey viéndolos desde su Palacio.

Mario Maldonado