“Todo lo que quiero es una educación y no le tengo miedo a nadie.”
Malala Yousafsai

La contrarreforma educativa se está realizando bajo la presión de un grupo de poder. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha bloqueado durante varios días los accesos del Palacio Legislativo exigiendo no solamente plazas docentes sino el derecho de veto de la nueva legislación. El gobierno ha legitimado el chantaje y ha negociado en lo oscuro con los líderes.

Este pasado 26 de marzo, cuando el bloqueo del Palacio Legislativo obligó a cancelar por tercera ocasión la discusión en la Cámara, el secretario de educación, Esteban Moctezuma, y un grupo de legisladores se reunieron con los dirigentes del sindicato y al parecer lograron algunos acuerdos, pero el hecho es que todo el proceso se ha llevado a cabo bajo la presión de un grupo que busca beneficiarse de la contrarreforma.

La reforma educativa alcanzó en su momento un respaldo abrumador de los legisladores. El Senado la aprobó el 20 de diciembre de 2012 con 113 votos a favor, 11 en contra y cuatro abstenciones. Los diputados respaldaron la versión final un día después por 360 votos, con 51 en contra y 20 abstenciones. Un inusitado acuerdo entre los tres principales partidos del país en ese momento, el PRI, el PAN y el PRD, llevó a ese claro mandato.

Los tiempos políticos, sin embargo, han cambiado. Morena, con el apoyo de la CNTE y la maestra Elba Esther Gordillo, ganó la elección de 2018 de manera abrumadora. Y una de las promesas del nuevo poder ha sido echar para atrás la reforma.

La reforma de 2012 introducía un censo de maestros para saber a quiénes se estaba pagando por dar clases y cuántos lo estaban haciendo en realidad, y creaba exámenes de oposición para contratar a nuevos maestros así como evaluaciones a docentes aplicadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Si bien los legisladores aceptaron que las evaluaciones no llevarían al despido de los maestros que ya tuvieran una plaza, por lo que tendrían asegurado un sueldo y una pensión el resto de sus vidas, sí se acordó retirar de las aulas a quienes fracasaran en tres exámenes.

No hay reforma perfecta, especialmente en un sistema tan grande y complejo como el mexicano, pero las medidas de la reforma de 2012 eran y son razonables. Las mayores críticas tuvieron que ver con el tipo de exámenes más que con la necesidad de evaluar. Los concursos de oposición para nuevos docentes, que se aplican en la mayoría de los países del mundo, fueron particularmente positivos.

La contrarreforma echará algunos de estos logros a la basura. No desaparecen los exámenes de oposición para la selección de nuevos maestros, lo cual es positivo, pero se ha añadido una frase que señala que lo dispuesto en la ley “en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y maestros en el servicio”. En otras palabras, la SEP podrá seleccionar por examen a los mejores maestros disponibles, pero una vez que consigan una plaza no podrá ser apartados de las aulas aunque sean incapaces o negligentes. Los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el apartado B del artículo 123 de la Constitución; así, los maestros tendrán derecho a una plaza de por vida.

Habrá que ver los detalles de las nuevas disposiciones constitucionales y de las leyes secundarias, pero lo más probable es que se reflejen en un sistema educativo burocrático e inflexible, el cual no representa la mejor opción en un mundo que cambia constantemente en tecnología e información.

Qué necesidad

Hoy deberíamos estar celebrando un aniversario más del reinicio de las relaciones diplomáticas entre España y México, que tuvo lugar el 28 de marzo de 1977. En lugar de eso, el gobierno de López Obrador ha creado una tormenta donde no había necesidad.