Justo ayer, al iniciar la discusión de las acciones de inconstitucionalidad y controversias en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente López Obrador les mandó a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia un mensaje que sonó entre advertencia y amenaza: “Que también los ministros se definan de qué lado están. La ley no es inconstitucional, de eso no hay duda”. Momentos antes, el mandatario se había quejado del fallo de la Corte que invalidó el artículo de su Ley de Austeridad Republicana que prohibía a exfuncionarios públicos trabajar en el sector privado durante un lapso de 10 años. “¿Cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana? No estoy de acuerdo con eso”.
No solo el Presidente presionaba sobre el tema de la ley eléctrica que comenzaron a analizar ayer los ministros y que votarán el próximo jueves, también desde la oposición y la opinión pública se ejercía presión al señalar —como ocurre a menudo cuando a la Corte llegan las leyes y reformas controversiales de la 4T— que con este fallo “se va a definir si la Suprema Corte es aún un poder autónomo o si está del lado del gobierno”. En ambos casos las presiones tienen que ver con la enorme polarización y la guerra política que rodea al tema eléctrico, en la que no sólo se involucra el gobierno de López Obrador y sus opositores políticos, sino también millonarios intereses que defiende el gobierno de Estados Unidos de sus inversionistas en el sector eléctrico mexicano.
Por eso el fallo que emitan los 11 ministros en torno a la Ley de la Industria Eléctrica está siendo seguido con lupa por todos los actores políticos, empresariales y extranjeros que están inmersos en la disputa por el modelo eléctrico y energético que prevalecerá en México. Y esas enormes presiones y la polarización se sintió ayer en el inicio de la discusión en el pleno de la Corte, en la que se presentó el proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz.
Luego de que la mayoría de ministros votara a favor de que la ponente de este caso sí pudiera emitir su voto por su propio proyecto, porque no estaba impedida para hacerlo ni había el “conflicto de interés” que argumentaron senadores de la República que cuestionaban el voto de Loretta en contra de la reforma eléctrica de Peña Nieto cuando fue diputada de Morena, empezaron los pronunciamientos de los ministros, pero a las 2 de la tarde en punto la sesión del pleno fue interrumpida y el ministro presidente Arturo Zaldívar decretó un receso que durará hasta el próximo jueves al mediodía cuando se reanude la sesión y se someta a votación el proyecto de la ministra Ortiz Ahlf.
Veremos mañana hacia dónde se inclina el fallo de los ministros y el efecto que su decisión tendrá en la guerra por el sector eléctrico que en estos momentos se libra en el país. Una legitimación de la Ley de Industria Eléctrica, si la declaran constitucional, le abriría una puerta alternativa al presidente López Obrador para imponer su nuevo modelo eléctrico en el que la CFE se vuelva predominante y monopólica en el mercado eléctrico y reducir y cancelar los contratos privados de autogeneración y de energías limpias. Un fallo en contra, que declare inconstitucional la ley reglamentaria, sería un duro revés de la Corte para el Presidente y el aviso de otra derrota que puede venir dentro de una semana en la votación de la reforma constitucional del sector eléctrico.
Llegó la hora de la verdad en este debate polarizado, ideologizado y lleno de intereses de todo tipo en el que lo que está de por medio es el proyecto de desarrollo presente y futuro para el país. Y ahí sí, como dijo el Presidente, los ministros tendrán que definir de qué lado están: del de los intereses políticos ideológicos o económicos, o de lo que más convenga al desarrollo de la nación… Los dados mandan Escalera Doble. Mejora el tiro.
