Ya es cosa común lamentar la muerte de los periodistas en México, como común se ha vuelto la serie de atropellos que a cada momento se cometen contra los comunicadores y, en Hidalgo, es tal el desdén oficial que no existe ni siquiera una ley que los proteja.
En 2012 fue contratada la confección de una legislación que permitiría salvaguardar los derechos e integridad de los periodistas, a través del entonces diputado Onésimo Serrano; sin embargo, carecía del reglamento para su operación, la hizo inútil hasta la fecha.
En 2016 , algunos meses antes de concluir el mandato sexenal, pretendieron dar un albazo y autorizar dicho reglamento. La abierta oposición de los periodistas promovió la creación de foros de consulta en donde se hablara claramente de las necesidades que tenían los periodistas para su protección.
Bertha Alfaro, Verónica Jiménez, Leonardo Herrera, Andrés Torres y quien esto escribe iniciamos la gestión para abrir el diálogo y lograr una legislación que sirviera.
La oposición natural de algunos, entre ellos una coordinadora gremial, no fue motivo para que se lograran reunir la opinión de al menos 160 periodistas, en su mayoría diaristas.
Esas propuestas, obtenidas por los foros en Huejutla, Ixmiquilpan, Tulancingo y Tula, fueron entregadas al entonces secretario de Gobierno, Fernando Moctezuma, para que los abogados confeccionaran el nuevo ordenamiento.
Nada pasó, y los funcionarios de ese sexenio pasaron al olvido, como la misma reforma a la ley y su reglamento.
En este camino en búsqueda de la salvaguarda legal de los comunicadores, la Fiscalía Especializada de Atención a Periodistas fue desaparecida por el entonces procurador Raúl Arroyo y alojó esos quehaceres en una subprocuraduría multifacética, incluso el presupuesto dejó de ser asignado a partir del 2021.
Esta cadena de insolencias por parte del gobierno del estado se suma a otras tantas que han llegado al grado de calificar como el sexenio con mayores agravios hacia la prensa en la historia moderna de Hidalgo.
Y justo en ese momento, salta al escenario el excoordinador jurídico gubernamental Roberto Rico, ahora investido como diputado, para buscar revivir una ley muerta que tuvo en las manos durante cinco años y ahora, mediante un albazo, busca legitimar el interés de un gobierno por los periodistas.
Esta premura inusitada, que brotó justo tres meses antes de concluir el sexenio, ya causó extrañeza entre quienes ejercemos el periodismo en la entidad y que, por supuesto, no compartimos.
Que no existan prisas, que se abra la discusión de esta nueva realidad que habita en México y que nos lleva por caminos distintos, sobre todo en entidades caracterizadas por su hegemonía en el poder.
En el Congreso del estado será escuchada esa propuesta del priista, la cual, por antonomasia, tendrá una clara oposición de los interesados, razón suficiente para sea discutida sin importar los tiempos políticos del gobierno en turno.
Nimiedades: Traen pulseras de listones rojos, caracoles entretejidos, monedas terciadas en brazaletes y otros chunches en la mano izquierda, ¿hablan de mejores tiempos?
