Cayó de sorpresa la declaración conjunta emitida ayer por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el fiscal general de EU, William P. Barr, por medio de la cual se informa que el “Departamento de Justicia de los EU ha decidido solicitar que se desestimen los cargos penales presentados por EU contra el exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas”.

El documento difundido anota que “el 15 de octubre de 2020, el exsecretario de la Defensa Nacional de México, general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue arrestado en Los Ángeles, California, acusado por EU de conspirar para fabricar, importar y distribuir narcóticos a EU y lavar dinero”.

Añade que “una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por las autoridades estadunidenses al general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República (FGR) inició su propia investigación”.
Luego explica que la decisión del Departamento de Justicia obedece “a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos…” y que “a solicitud de la FGR, el Departamento de Justicia de los EEUU, en virtud del Tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar las investigaciones que realicen las autoridades mexicanas”.

¿Por qué debe sorprendernos la decisión más reciente del gobierno de Donald Trump respecto a México?

Más que nada, por lo inesperada, porque después de leer la muy seria y supuestamente fundada acusación que contra Cienfuegos hizo un gran jurado en el distrito este de Nueva York, el 14 de agosto de 2019, era claro que el general sería sujeto a proceso.

Es más, el hecho de que las autoridades se atrevieran a arrestarlo en Los Ángeles, enfrente de su familia, permitía suponer que tenían las pruebas necesarias para demostrar su culpabilidad.

Después de todo, si no las tenía, ¿para qué iba el gobierno de Trump a generar un conflicto entre su país y el nuestro humillando públicamente a quien ocupó el cargo más importante dentro del Ejército Mexicano, suscitando dudas sobre la honorabilidad de los altos mandos castrenses y ofendiendo a una de las instituciones más respetadas por los mexicanos?

Es probable que, faltando solo 64 días para que Joe Biden ocupe la presidencia de su país, Trump haya decidido endosarle el problema al presidente Andrés Manuel López Obrador para responsabilizar a su gobierno de la investigación. Si no, ¿por qué el gobierno de EU le “ha proporcionado a México pruebas en este caso”, como se anota en la declaración conjunta?

Para el Departamento de Justicia estadunidense sí hay pruebas que demuestran la culpabilidad de Cienfuegos y no es descabellado suponer que Trump, ya como expresidente, quiera seguir promoviendo el sentimiento antimexicano que hay en muchos de sus seguidores acusando al gobierno de nuestro país de no investigar al general y al de Biden de no presionar a la FGR para que lo haga.

Trump buscará ser candidato presidencial en 2024 y necesitará nuevos asuntos de qué hablar. El caso Cienfuegos, si no se resuelve convincentemente en México, le dará razones para irse en contra de
su sucesor.

Eduardo Ruiz-Healy