Al cumplirse un año de la extradición a México de Emilio Lozoya Austin, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado el proceso para celebrar un acuerdo reparatorio con el exdirector de Pemex, el cual garantizaría formalmente su libertad, con todo y lo escandaloso del caso tratándose de un gobierno que prometió combatir la corrupción y la impunidad.
La semana pasada los ministerios públicos de Alejandro Gertz Manero y la representación legal de Pemex acudieron al Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la propia FGR, con el objetivo de concretar la conciliación con Lozoya.
El órgano tiene como objetivo final dar cumplimiento a acuerdos que aseguren la reparación de daños ocasionados a víctimas u ofendidos de delitos penales, sin llevar el tema a juicio.
El hecho confirma que ante las complicaciones que tiene la Fiscalía para hacer valer un Criterio de Oportunidad que permita vincular a proceso a exfuncionarios de mayor envergadura, el fiscal Gertz Manero ha optado por un acuerdo reparatorio que garantice la libertad que se le había prometido a Emilio Lozoya.
En esta columna y en las páginas de mi libro Lozoya, El Traidor (Planeta, 2021) informé con base en fuentes directas de la defensa legal que, a días de ser extraditado desde España, rechazó toda estrategia que le recomendaron sus abogados para enfrentar las acusaciones en su contra, pues aseguró siempre que tenía un acuerdo con Alejandro Gertz.
Sus asesores le dijeron que el fiscal “no era una persona en la que podía confiar”, y le insistieron en que debía acogerse al Principio de Especialidad, para que en México pudiera ser sólo juzgado por el delito que originó la extradición: el caso de Agro Nitrogenados.
“Si no te vas con el Principio de Especialidad, te vas como el Borras, y te van a imputar los delitos que quieran”, le explicaron, además de que le pidieron no aceptar el Criterio de Oportunidad, ya que no percibían elementos suficientes para probar acusaciones contra personajes como Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.
Parece que el tiempo terminará dando la razón a Emilio Lozoya, y que el acuerdo con Alejandro Gertz para que mantuviera su libertad como resultado final del proceso, por increíble y escandaloso que parezca, era real.
La reunión en la Fiscalía con sus Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal se da justo en la semana en que la UIF de Santiago Nieto interpuso una nueva denuncia contra Lozoya, esta vez por el desvío de 3 mil millones de pesos en contratos con Odebrecht, que fueron a parar a empresas fachada para luego retirarse en efectivo.
A diferencia de la FGR, la oficina de la Secretaría de Hacienda empuja el encarcelamiento del exdirector de Pemex, por lo que analiza argumentos legales para impugnar el eventual acuerdo reparatorio. Específicamente se busca establecer que el caso no cumple con ninguno de los criterios que establece el artículo 184 del Código de Procedimientos Penales, puesto que los delitos relacionados con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no se persiguen únicamente por querellas, no constituyen delitos culposos y mucho menos son patrimoniales.
Estamos a pocos días de que estalle el “caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la 4T”, y de que el personaje considerado como uno de los más corruptos de la historia, Emilio Lozoya Austin, pueda gozar de total impunidad, en el sexenio en el que se prometió que las cosas se harían de manera diferente.
Mario Maldonado
