El Federalismo ha vuelto a resurgir como uno de los grandes temas nacionales. Un grupo importante de gobernadores están actuando como el principal contrapeso al poder presidencial. Enfrentan nuevas tendencias hacia el centralismo, como la nueva figura de los “superdelegados”, los nuevos “virreyes”.
El CV-19 ha evidenciado la penuria fiscal de los tres niveles de gobierno. La caída del ingreso nacional disminuye la recaudación tributaria federal, lo que provoca caída de las participaciones, principal fuente de ingresos de los estados, justo cuando a nivel local hay que enfrentar crecientes gastos en salud. Un grupo importante de gobernadores han planteado un nuevo “Pacto fiscal”, ¡lo que significa que quieren más recursos de la federación! Hamilton, fundador del concepto, dijo: “federalismo sin dinero es un catálogo de buenas intenciones”. No puede haber un Pacto Fiscal sin una Hacienda, que no tiene que repartir. Ya ha habido varios pactos llamados Convenciones Fiscales. En las tres exitosas, además de reglas de distribución, se crearon nuevos impuestos nacionales: el de la Renta (1925), el de Ingresos Mercantiles (1947) y, en la más importante, la de 1980, el Sistema de Coordinación Fiscal y el IVA. La última de 2004 fue un fracaso, se concentró en el gasto y su repartición, y poco en ingresos.
Sí se podría, dentro de la necesaria estrategia para mitigar la pandemia e impulsar una reactivación nacional, considerar que el gobierno federal obtenga más recursos con endeudamiento y canalice parte de estos en educación, salud, apoyo a grupos de bajos ingresos vía estados y municipios, que por su cercanía son los más eficaces para distribuirlos. Se podría crear un gran Fondo Federalista de Emergencia, complementado por programas de crédito de bancos de desarrollo desaprovechados: Nafin, Banobras.
La recaudación tributaria es lamentable a nivel federal, 13 por ciento del PIB, de las más bajas del mundo. De allí se reparte, vía participaciones, alrededor de 25 por ciento a los estados. Como casi no tienen fuentes propias (una, el pésimo impuesto sobre la nómina) dependen totalmente de las transferencias del gobierno federal. También incluyen las “aportaciones condicionadas” a través de fondos especializados del presupuesto, que van a educación, seguridad, salud, pago de deuda y una bonanza temporal de uso de fondos petroleros. Así, absorben un tercio del Presupuesto sin asumir ningún costo político, ¡“charolismo fiscal”! La descentralización del gasto significó que se descentralizó la corrupción por su falta de controles locales. El municipio tiene bien definidos los gastos que le tocan, los servicios municipales y sus ingresos, el cobro de derechos como agua y el predial, con una recaudación paupérrima. Sin incentivos para recaudar, porque también reciben el 20% de las participaciones de los estados y un buen monto de aportaciones para infraestructura social.
Se necesita primero una reforma fiscal integral, pero no antes de 2022, para que haya “Bolsa” que distribuir. Luego, sí complementarse por un pacto fiscal, que defina bien las caóticas responsabilidades de gasto y verdaderas potestades tributarias para los estados. En una de las Convenciones se propuso, por ejemplo, un impuesto de ventas local de dos por ciento. Así se reduciría la brecha para cubrir con transferencias. Además, se requiere que asuman compromisos para mayor inversión y mejores controles anticorrupción. Esta sería una transformación nacional verdadera.
Francisco Suárez Dávila
