El país está en pleno relevo de la mitad de sus gobernadores y, con independencia del papel que hayan hecho, por tradición e historia, costumbre o vicio, se puede afirmar que ellos junto con las camarillas con las que ejercieron el poder, constituyeron una comalada de nuevos ricos.
Este fenómeno, identificado y caracterizado por el expresidente Emilio Portes Gil hace cerca de un siglo, reflejaba nítidamente desde entonces que el poder público es utilizado, sobre todo, para que quienes lo ejercen acumulen monstruosas y ofensivas fortunas a costa de los contribuyentes.
Hoy, se ve claramente que esa práctica, con muchas dificultades, apenas empieza a atenuarse con la detención, investigación y libramiento de órdenes de aprehensión contra quienes fueron la base de la estructura de la monumental corrupción que imperó durante décadas.
Ese problema, lo sabe todo ciudadano, ha corroído y destruido aceleradamente al país hasta el punto donde se encuentra hoy, pues el robo al erario, que llegó a ser escandalosamente frecuente, cuantioso y cínico en todos los niveles, apenas empieza a combatirse.
Consciente de la perniciosidad que entraña, urgida de que se le ponga un freno, la ciudadanía se volcó en las urnas hace tres años para elegir como presidente a quien le prometía cortar la cabeza de ese monstruo.
Con los antecedentes que hay sobre la cleptocracia, ¿puede asumirse que los gobernadores que están dejando el cargo fueron totalmente honestos en el desempeño de su función?
Si ese fuera el resultado, ¿lo habrán sido todos y cada uno de sus más cercanos colaboradores, quienes no pocas veces hacen más negocios que sus propios jefes? Abundan los casos para documentar esa constante.
En la quiebra financiera que están recibiendo los nuevos gobernadores como herencia maldita de sus antecesores –salvo una o dos excepciones–, con lo cual no tienen ni para pagar la primera quincena de su administración, con certeza el componente del atraco a las arcas públicas es un factor fundamental.
Pero si se considera que los vivales no necesitan meter la mano en el presupuesto, sino que utilizan el cargo para hacer todo tipo de negocios por fuera, incluso ilícitos, el caso es el mismo: han usado el poder para enriquecerse.
Si en uno u otro caso se supiera realmente a cuánto ascienden los haberes obtenidos en la “ingrata” tarea de “servir al pueblo”, con lo cual justifican la rebatinga por el poder, no serían pocos los políticos en la lista de Forbes.
Y ni qué decir de los líderes sindicales consentidos por el sistema de dominación, quienes de simples trabajadores se encumbraron y, con solo controlar a sus agremiados y entregarlos como clientes al gobierno para propiciar su recreación en el poder, manejaron cuotas, contratos y todo tipo de beneficios de manera exclusivamente personal.
Si el problema de la corrupción se originó con el poder mismo y sobre él se ha sostenido desde siempre, el cambio en curso es un desafío colosal para el presidente López Obrador, el fiscal general de la República, doctor Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Catillo.
En la situación de imperiosa necesidad que vive México de provocar un punto de inflexión real contra la corrupción, ellos son los hombres llamados a darle una respuesta.
Sotto Voce… ¿Tres años de protección con once escoltas a Clara Luz Flores, exalcaldesa de Escobedo y frustrada candidata a la gubernatura de Nuevo León, a costa de los que pagan impuestos? ¿Pues de qué quieren protegerla los regidores, que también la dotaron de armas y vehículos? ¿O qué teme?… Lo único que persigue el nuevo bloque de senadores, es la fuerza que numéricamente pueden darle los votos de sus cinco integrantes. No promete más.
