Al parecer, en el gobierno federal todavía no se aprecia la extraordinaria magnitud de la actual crisis económica. Como muestra de lo anterior baste solo un botón. El pasado 8 de abril, las dependencias y entidades federales recibieron un oficio donde se les informa que, por instrucciones presidenciales, existe “la imperiosa necesidad de reducir en al menos 50 por ciento el gasto asignado a los capítulos de servicios generales y gastos de operación”. Este oficio fue enmendado con otro oficio, enviado en alcance horas después, donde se establecen las dependencias que no están sujetas a esas instrucciones: la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional (de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana).

Pero el resto de las dependencias y las entidades enfrentan desde entonces un problema que parecería insoluble. Resulta que ese 50 por ciento de recorte debe aplicarse a lo que se conoce en materia presupuestaria como los capítulos 2000 y 3000 de gasto. Esto es, deben reducirse a la mitad los gastos que correspondan a, entre otros rubros, materiales de oficina, alimentación, medicinas, vestuario, telefonía, servicios profesionales, servicios de mantenimiento, refacciones, renta de inmuebles, gasolina, agua y electricidad. Así pues, dado que en algunos casos el gasto es casi irreductible, el agua y la electricidad son dos ejemplos de ello, los administrativos de las dependencias tienen poca tela para cortar. ¿Qué harán entonces para no caer en falta?

Pues obviamente no pagarán, o pagarán lo menos posible, a las empresas que son sus proveedoras de los otros bienes y servicios. Y esto, además de ser ilegal e injusto, representará un golpe seco en contra no solamente de esas proveedoras y sus trabajadores, sino en contra de todas las empresas que, a su vez, proveen bienes y servicios a las anteriores. Dada la crisis, las cuentas por pagar que no honren de manera inmediata los gobiernos, tanto el federal como los estatales y los municipales, pueden acabar tirando filas enteras de empresas, como si fuesen fichas de dominó. Y, por cierto, lo anterior también se aplica a los gobiernos que no regresen de manera inmediata los impuestos  a cuya devolución tengan derecho tanto las empresas como las personas físicas.

Lo que en este momento necesitan de manera desesperada todas las empresas mexicanas, pero en especial las pequeñas y medianas, es capital de trabajo para no quebrar. Y ese capital de trabajo se va a ir reduciendo para algunas empresas paulatinamente, a medida que la recesión avance, pero para otras puede desaparecer de un día para otro, de tajo. Con la consecuente reducción, paulatina o de tajo, de la plantilla de trabajadores.

La gran mayoría de los gobiernos en el mundo están muy conscientes de lo anterior y están implementando, ya, en este momento, medidas para proteger a sus empresas y sus trabajadores ante la turbulencia. En Dinamarca, por ejemplo, el gobierno se está encargando del pago de la nómina de las empresas que están en peligro, asegurando con ello que los trabajadores no serán despedidos por la crisis económica.
Para dar un ejemplo más cercano, en Estados Unidos, con Trump como presidente, además del ya existente seguro de desempleo y de transferencias directas para todos los individuos con un ingreso anual menor a los 75 mil dólares, el gobierno asignó un presupuesto de 366 mil millones de dólares para ofrecer créditos blandos a las pequeñas y medianas empresas. Y al parecer planea erogar un monto similar durante el siguiente trimestre.

Sí, obviamente, esos dos países son ricos y México no lo es. Pero, ¿qué decir del déficit presupuestario del orden del 4 por ciento del PIB que Chile está comenzando a erogar para paliar la crisis? Ese porcentaje en el caso del PIB de México correspondería a una cifra del orden de un billón (un millón de millones) de pesos, ni más ni menos.

Carlos M. Urzúa