El presidente Andrés Manuel López Obrador le urge que la Fiscalía General de la República llame a declarar a los ‘peces gordos’ ligados al caso Lozoya. El 6 de enero pidió a la instancia que encabeza Alejandro Gertz Manero “informar sobre el estado de la investigación”, a lo que la FGR respondió que en los próximos días judicializaría las carpetas de quienes fueron denunciados por el exdirector general de Pemex.
Los primeros en la lista son el exsenador Jorge Luis Lavalle y otros exlegisladores, la mayoría panistas y priistas, quienes fueron denunciados por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética. Otros exfuncionarios involucrados por Lozoya son Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, a quienes acusó de ‘instrumentalizarlo’ para cometer actos de corrupción, entre ellos recibir financiamiento ilegal de Odebrecht para la campaña presidencial y comprar empresas chatarra a nombre de Pemex como un pago de favores a empresarios aliados.
A seis meses de que Emilio Lozoya fuera extraditado a México y a cuatro meses y medio de las elecciones intermedias, el tiempo juega contra la FGR y del presidente López Obrador, quien apuesta a que parte del desenlace de este caso emblemático de corrupción tenga efecto en las votaciones del 6 de junio.
La pregunta clave es si la FRG va a judicializar las denuncias contra los dos hombres más mediáticos y poderosos del sexenio pasado: el exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray, y el expresidente Enrique Peña Nieto. Al primero, la Fiscalía ya intentó girarle una orden de aprehensión en octubre del año pasado, pero no logró integrar bien el expediente. La versión oficial es que la FGR se desistió de la solicitud ante un juez.
Con respecto a Peña Nieto, su futuro es incierto. Fuentes de Palacio Nacional aseguran que Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a desconocer cualquier tipo pacto para que la FGR llame a declarar al expresidente de México en las próximas semanas.
Todavía a finales del año pasado, Peña Nieto tuvo la intención de viajar de Madrid –donde reside– a Punta Mita, Nayarit, para reunirse con su familia y pasar unos días de descanso en su destino de playa favorito para jugar golf. “Soy orgullosamente mexiquense, pero esta es mi segunda casa”, llegó a decir sobre el paradisiaco lugar.
El permiso para vacacionar en tierras mexicanas debió haber sido negado, pues terminó trasladando su lugar de descanso y celebración decembrina a otra playa de nombre similar: Punta Cana, en República Dominicana.
La exposición mediática del exmandatario no resultaba conveniente para el gobierno de la 4T, mucho menos en un escenario en que la procuración de justicia no atraviesa su mejor momento, con tropiezos para judicializar a los involucrados en el caso Lozoya y la bomba que significó el caso del general Salvador Cienfuegos.
En ese viaje familiar, Peña Nieto tuvo los lujos que siempre lo acompañaron como gobernante: playa privada, hotel de cinco estrellas por más de dos semanas –con costo de casi 8 mil dólares la noche de hospedaje– y las fotos de la familia en Instagram, que echaron por la borda lo que se había prometido como un viaje con toda discreción.
Peña Nieto y Luis Videgaray encabezan la lista de 70 nombres que podrían ser llevados ante los tribunales por los sobornos de Odebrecht, y representan para el gobierno un valioso trofeo en medio de un proceso electoral crucial para la trascendencia de la 4T.
En caso de no concretarse estas detenciones o vinculaciones a proceso, la Fiscalía tendría que retomar las acusaciones contra Emilio Lozoya, quien ya desde ahora se ve como una especie de premio de consolación para el gobierno.
Mario Maldonado
