La 4T prepara una jugada de tres bandas para quedarse con el multimillonario proyecto de Etileno XXI sin pagar un solo peso de indemnización y, al mismo tiempo, inculpar en asuntos de corrupción a su nuevo villano favorito: el expresidente Felipe Calderón.

Casi desde el inicio del gobierno, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, criticó dicho proyecto aprobado y negociado en el sexenio de Felipe Calderón, al argumentar que se debían revisar los términos de sus contratos.

El complejo petroquímico Etileno XXI, ubicado en Veracruz, está conformado por el consorcio mexicano-brasileño Braskem Idesa y es considerado el mayor centro petroquímico de América Latina, con capacidad de producción de un millón de toneladas de polietileno al año. Su inversión fue de 5 mil 200 millones de dólares y hoy está en el ojo del huracán.

La 4T busca imputar corrupción en Etileno XXI. El ojo está puesto en un contrato de suministro de gas de largo plazo por parte de Pemex a un consorcio en el que participa Odebrecht. Según fuentes del gobierno y privadas, esto explotó luego de que la empresa Braskem ya había reclamado la activación de las penas convencionales y preparaba la solicitud de panel arbitral para exigir el cumplimiento forzoso del contrato, el cual Pemex no quiere honrar.

En eso estaban cuando explotó el caso Lozoya, que a su vez puede detonar la reapertura del proceso arbitral, pues Pemex y el gobierno mexicano podrán alegar que dicho contrato es producto o resultado de actos sistémicos de corrupción.

Por eso la insistencia de quienes negocian la delación premiada del exdirector de Pemex a cambio de su libertad y la de su esposa, madre y hermana. Para que afirme ante la Fiscalía General de la República que su contacto en Odebrecht, Luis de Meneses Weyll, le dijo que se pagaron sobornos a funcionarios a cambio del contrato de Etileno XXI.

Dicha estrategia de manipular las investigaciones penales para viciar de validez contratos legalmente celebrados, parte de lo que dispone el artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece lo siguiente:

Artículo 34. Consecuencias de los actos de corrupción. “Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción”.

Esto significa que el gobierno mexicano puede invocar corrupción como causa de anulación de contratos, concesiones o actos jurídicos, sobre todo los que no le gusten, tal y como sucedió con la crisis de los ductos o los proyectos de generación de electricidad con fuentes renovables.

El fin último es simple: cuestionar la validez de los frutos del árbol envenenado por la corrupción, es decir, de la reforma energética.

Así que, si se acredita que hubo sobornos en la aprobación de la reforma energética y, además que CFE y Pemex celebraron contratos bajo débiles mecanismos de control, vigilancia y debido cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales anticorrupción, el gobierno mexicano podría emprender acciones legales e incumplir las obligaciones contractuales sin responsabilidad, es decir, sin tener que pagar el cumplimiento forzoso, las penas convencionales o los daños y perjuicios.

Todo esto, además de cancelar por completo la confianza de los privados en el sector energético y en México, generará arbitrajes internacionales y pone en línea al siguiente objetivo de la 4T: los contratos de las rondas de hidrocarburos.

Mario Maldonado