Una tormenta perfecta se cierne sobre la reestructura financiera de Aeroméxico, en medio de la crisis económica global generada por el Covid-19. Los directivos de la aerolínea decidieron llevar hasta sus últimas consecuencias la renegociación de los contratos colectivos con sus sindicatos de pilotos y sobrecargos, por lo que ahora las autoridades intervendrán y mediarán para lograr un acuerdo o acompañarán la ruptura definitiva.
En cualquier escenario, los trabajadores pierden.
La mala suerte de Aeroméxico comenzó en 2018, en la campaña a la presidencia, cuando su director general, Andrés Conesa, pidió entre líneas a sus empleados no votar por Andrés Manuel López Obrador, mientras el accionista principal, Eduardo Tricio, era acusado por el entonces candidato de incitar, junto a otros empresarios, una alianza opositora contra AMLO.
Durante la transición vino el segundo golpe: la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, a través de una consulta popular de cuatro días que cerró el 25 de octubre de 2018. Desde entonces a la fecha, las acciones de Aeroméxico han perdido 72 por ciento de su valor; antes del golpe del Covid-19, habían caído 50 por ciento.
En 2019, el número de pasajeros de Aeroméxico cayó 5.4 por ciento a 20.6 millones, entre otras cosas por los problemas operativos del modelo 737 MAX de Boeing, que tras sufrir dos accidentes fatales en Indonesia y Etiopía fue suspendido por meses.
En 2020, cuando los pronósticos apuntaban a una recuperación, se desató la crisis por el brote del coronavirus, lo que provocó un confinamiento masivo y un desplome global de la demanda de vuelos. De abril a junio de ese año, Aeroméxico tuvo una caída de 84.5 por ciento en ingresos y de 90 por ciento en tráfico de pasajeros.
En contraste con varios países, el gobierno de López Obrador no apoyó a las aerolíneas –ni a ninguna otra empresa–, bajo el argumento de que no se rescataría a compañías privadas como sucedió con el Fobaproa, aunque ese episodio nada tenía que ver con los programas de estímulos que se aplicaron en casi todo el mundo para enfrentar la crisis económica por el Covid-19.
Fue entonces que Aeroméxico, de la cual la estadounidense Delta posee 49 por ciento de sus acciones, solicitó el 30 de junio la protección judicial en EU bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.
Cuatro meses después, la Corte del Distrito Sur de Nueva York aprobó el financiamiento por mil millones de dólares por parte del fondo de inversión Apollo Global Management, de los cuales ya recibió 200 millones y los otros 800 millones están condicionados a una profunda reestructura financiera que incluye un fuerte recorte de personal y restricciones de austeridad franciscana en los contratos colectivos con sus sindicatos.
La negociación con pilotos y sobrecargos tiene a la aerolínea en la cuerda floja. Por un lado, si no logra ajustar los contratos colectivos para congelar los aumentos salariales hasta diciembre de 2025, así como incrementar el número de horas laborales y otras medidas, buscará disolver los acuerdos mediante una figura jurídica insertada en Ley Federal del Trabajo, lo que podría tardar por lo menos un año. Sin embargo, los cambios a la legislación en 2019, que dan más fuerza a los sindicatos, así como la proclividad de la Secretaría del Trabajo a velar por los derechos de los trabajadores, podrían complicarle la jugada a Aeroméxico.
La viabilidad de la aerolínea depende del financiamiento del fondo, por lo que de no avanzar las negociaciones con sus pilotos y sobrecargos, con el gobierno como intermediario, Aeroméxico podría entrar en una espiral negativa que la ponga en ruta hacia una quiebra inminente… como a Mexicana de Aviación e Interjet.
Mario Maldonado
