En medio del turbulento escenario que experimenta estos días el Poder Judicial de la Federación se cierne una lucha de poderes entre dos personajes estelares: el consejero Jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quienes buscan fortalecer sus influencias y perfilar a sus candidatos hacia el relevo que en 2022 habrá en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el intento por destituir al magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, mucho tuvieron que ver las posturas del ministro Zaldívar, quien en más de una ocasión manifestó su inconformidad con él, así como su intención de limpiar la corrupción de ese órgano integrante del Poder Judicial.

El llamado “Golpe de Estado” del G5 –como se conoce al grupo de cinco magistrados ‘rebeldes’– hubiera sido imposible de no haberse reabierto la investigación por enriquecimiento ilícito contra Vargas Valdez, decisión que se atribuye al mensaje que Zaldívar ha enviado a sus juzgadores para no ceder a presiones de poderes externos, el cual se ha materializado con una Corte que ha dado reveses al Poder Ejecutivo, incluso con sus proyectos estratégicos.

El pasado 15 de junio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de María de la Luz Mijangos, declaró el No Ejercicio de la Acción Penal contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral, pero la indagatoria fue reabierta por orden judicial el 30 de julio, cuando el juez de control encargado del caso consideró que la fiscalía no había realizado un trabajo exhaustivo para tomar su determinación. La denuncia contra el magistrado y su esposa, Mónica Bauer, fue por el movimiento irregular de 107 millones de pesos vía empresas fachada.

José Luis Vargas ha insistido a cercanos, y hasta a quienes tenían que escucharlo en sesiones privadas del Tribunal, que cuenta con el apoyo del consejero jurídico de la Presidencia, por lo que, en sus cálculos, enfrentaría las acusaciones por enriquecimiento ilícito con un blindaje oficial. No obstante, enfrente tendría al presidente de la Corte, quien si bien no tendría influencia en el Ministerio Público, no lo podría vencer en el terreno judicial.

El caso del magistrado electoral es apenas el primer roce de una pugna que llegará hasta diciembre del siguiente año, cuando el ministro Zaldívar entregue la estafeta de la presidencia de la Corte, presumiblemente a un ministro cercano al gobierno. Esto no significa que el relevo será un perfil cercano a Scherer, como pudiera ser el de Juan Luis González Alcántara Carrancá; más bien se perfila al interior de la Corte un discurso con tendencia de género, lo que llevaría a una ministra a encabezarla.

Saltan los nombres de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, quienes arribaron al órgano a propuesta de esta administración. Esquivel Mossa –esposa del constructor José María Riobóo, muy cercano a AMLO– sería la candidata principal; no obstante, se escucha que la regiomontana Ríos Farjat habría superado sus diferencias con el gobierno, luego de que se aceptara que el presidente de la Corte no puede extender su periodo por dos años más. Las dos estarían en la carrera.

Del otro lado, el consejero jurídico mantiene con el presidente de la Corte una relación institucional, pero parece caminar de la mano de personajes acostumbrados a mover los hilos del Poder Judicial. El caso del magistrado Vargas puso a Scherer en la misma ruta de litigantes como Peter Bauer, hermano de la esposa de Vargas, así como de Roberto Gil.

Mario Maldonado