No es alarmismo. Es advertencia. Las reuniones de siete gobernadores para revertir el Pacto Fiscal no son asunto menor, ni una anécdota.
De ahí a cuestionar el Pacto Federal no hay una gran distancia.
A ver: el país está dividido entre amloístas y antiamloístas. Es un hecho incontrovertible que ya se percibe y se padece en todas partes: en las calles, al interior de las familias, en los medios formales y de manera furibunda y sin miramientos, en las redes sociales; pero sobre todo en las conferencias mañaneras del presidente. López Obrador nunca ha disimulado, por el contrario, presume todos los días que él gobierna en contra de sus “adversarios”. Entiéndase sobre todo empresarios y periodistas de prensa, radio y televisión.
En el caso de los gobiernos de los estados, también tenemos un presidente bipolar. Baste recordar las visitas innumerables a Veracruz para reforzar a su desangelado gobernador. En contraste, las mínimas o nulas a las entidades gobernadas por la oposición, que son casualmente las que ahora han formado un bloque creciente en demanda de justicia redistributiva. Aunque desde la óptica del gobierno, están “complotando” contra el mismísimo presidente en lo que hasta ahora parecen todavía rounds de sombra. Por ejemplo, los amagos de los gobernadores en dos temas de urgente resolución: recursos adicionales para sus entidades a causa de la crisis sanitaria del coronavirus y una batalla legal para derogar el mamotreto de la Sener cuyo nombre ya entraña sospecha y es tan absurdamente ridículo que ni la señora Nahle ha podido aprendérselo: Acuerdo del Centro Nacional de Energía para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Una patraña del gobierno para “suspender las pruebas operativas para las nuevas centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas y no se autorizará para aquellos que aún no han realizado operación comercial”. En otras palabras, renunciar al futuro de las energías limpias y baratas del viento y del sol y condenar al país a la generación contaminante del carbón y el combustóleo. El truco es preservar el monopolio y darle vida artificial a la CFE de Bartlett en detrimento del medio ambiente y el bolsillo de los mexicanos.
El otro gran detonador es el viejo pleito por el pastel fiscal del que ya se sabe que el gobierno de México parte y reparte abusivamente a veces las migajas. Estos gobiernos estatales alegan estar al límite y algunos han recurrido ya al recurso pecaminoso del endeudamiento. Por eso insisten en ensanchar sus rebanadas. Empezaron tres y ya son siete. No son muchos, pero no son pocos y representan porcentajes significativos del Producto Interno Bruto del país: Jaime Rodríguez, de Nuevo León, 7.6; Enrique Alfaro, de Jalisco, 7.1; Miguel Ángel Riquelme, Coahuila, 3.8; Francisco
García Cabeza de Vaca, Tamaulipas, 2.9; Silvano Aureoles, Michoacán, 2.5; José Rosas Aispuro, Durango, 1.2; e Ignacio Peralta, de Colima, 0.6. Según mis cuentas suman 25.7 por ciento.
Una cuarta parte de la productividad del país, a la que el presidente ha respondido que no es un buen momento, que es una presión electoral por el 21; pero que sí —aunque no dijo cuándo— estaría dispuesto a hacer un análisis del Pacto Fiscal, a condición de que no haya lujos ni corrupción en los gobiernos de los estados.
Sin embargo, antes que los números está el diagnóstico: la espina dorsal todavía nos sostiene. Pero la fractura, ahí está.
Ricardo Rocha
