Cuentan los malosos que hace medio siglo alguien hizo llegar a la prestigiosa Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, una frase proveniente de México a manera de desafío idiomático: “Ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario”.

La discusión sobre su significado, lo que realmente quieren decir esas apenas 10 palabras, ha sido tan intensa y a veces tan enconada entre los filólogos heidelberguianos durante estos 50 largos años, que algunos han confrontado duelos al estilo de la Edad Media. Y es que el misterio se remite a los orígenes: ¿Quién de las dos eminencias grises de la política mexicana fue el autor de esa cápsula intemporal de sabiduría?; todavía hoy muchos apuestan a que es de aquel foklórico gobernador de Chihuahua, don Manuel Bernardo Aguirre; los más aseguran que es autoría del ínclito expresidente Luis Echeverría, quien parece decidido a sobrevivirnos hasta a los millennials.

La buena es que desde ese templo del saber nos anunciaron que en pocos meses nos darán el resultado de la trascendental polémica. Ya solo están redactando la resolución. La mala, para los abnegados estudiosos del lenguaje, es que un ultrasecreto, abigarrado y heterogéneo complot formado por conservadores, neoliberales, amlovers y hasta chairos y fifís, acaba de enviarles un nuevo encarguito cuyo análisis podría tardar otro medio siglo o más. Una joya de la lingüística. Un portento de sintaxis. Un homenaje a la contradicción. Una resolución de la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación, en respuesta a la exigencia del presidente López Obrador de una consulta para enjuiciar a cuantos lo precedieron. Ahí les va: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

A ver: ¿Qué son o cuáles son las “acciones pertinentes”; en qué código están especificadas?; ¿el marco constitucional no es lo mismo que el legal?; ¿qué es “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas”?; ¿Tan solo dilucidar cómo alguien robó o cometió un crimen pero no acusarlo de nada? si alguien se equivoca en una decisión política, pero no cometió delito alguno, ¿debe ser enjuiciado? En estricto sentido, los años pasados comienzan de 2019 hacia atrás, ¿quiere decir que también deben esclarecerse Texcoco, Santa Lucía, Dos Bocas, el Tren Maya y hasta Pío y sus bolsas de papel? A todo esto, quiénes son “los actores políticos”, se incluyen por supuesto a los expresidentes, pero ¿también a decenas de secretarios, subsecretarios, directores del nivel federal, lo mismo que a miles de senadores, diputados, gobernadores y presidentes municipales de cinco sexenios, los de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que eran los objetivos de la pregunta inicial
del régimen?

Hablemos claro:
—La justicia no se consulta.
—Esta ha sido una gran maniobra distractora del régimen de la 4T, que pretende eliminar del debate público la crisis más brutal en los 90 años recientes, manifiesta en cuatro pandemias: la sanitaria, la económica, la social y ahora la política.
—Por lo pronto, el presidente López Obrador logró su objetivo y con la consulta estará en las urnas del 2021.
—En paralelo, la ahora llamada Suprema Corta, Corte-sana o todavía Corte Suprema pasará a la historia por arrodillarse ante el Poder Ejecutivo. Los seis ministros que se doblegaron y quisieron lavarse la cara con la pregunta mamotreto deberían tener dos destinos: un curso de redacción secretarial en las Academias Vázquez; y el Tribunal Internacional de La Haya.
En suma, y para vergüenza de la 4T, como en el 68, como en el 71, como en el 88, otro capítulo oscuro de la democracia a la mexicana: el sistema de justicia entregado al sistema político.

Ricardo Rocha