La Cámara de Diputados no aprobó el martes la propuesta de reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los 269 votos de los legisladores de MORENA, PT y PVEM a favor de la propuesta no representaron los dos tercios que se requerían para reformar diversos artículos constitucionales que, entre otras cosas, hubieran acabado con el Instituto Nacional Electoral (INE), debilitado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reducido el número de legisladores federales y locales, eliminado a los legisladores de mayoría y disminuido los recursos públicos que se destinan al INE, al TEPJF y a los partidos políticos.
Inmediatamente después de su derrota legislativa, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández entregó al mismo órgano legislativo el denominado Plan B de reforma electoral que de inmediato fue aprobado por los diputados oficialistas que ni tiempo tuvieron para leer la propuesta de 307 páginas.
En tiempo récord los legisladores morenistas, petistas y verdes modificaron, adicionaron o derogaron unos 450 artículos de las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, General de Comunicación Social, General de Responsabilidades y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De paso, aprobaron una nueva ley, la General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Lo que vimos ayer fue similar a lo que ocurrió durante las décadas en que el PRI, en donde muchos prominentes militantes de MORENA, PVEM y PT iniciaron sus carreras, ejerció el poder de una manera autoritaria.
Los diputados de oposición, o sea los del PAN, PRI, PRD y MC, dijeron que mucho de lo que aprobaron los lopezobradoristas va en contra de la Constitución y que por eso interpondrán una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros están por el momento más ocupados en elegir al sucesor de su presidente Arturo Zaldívar que en ningún otro asunto.
Las modificaciones realizadas ayer a diversas leyes definitivamente afectarán el funcionamiento del INE, del TEPJF y de otros órganos electorales, pero no de la manera en que lo hubieran hecho si la propuesta original de AMLO hubiera sido aprobada.
Ahora, falta que el Senado apruebe el Plan B para que los cambios legales surtan efecto. Ayer mismo el coordinador de los senadores morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció que en la Cámara Alta, a diferencia de lo que ocurrió en la de Diputados, serán las comisiones las que analicen y discutan la minuta que recibirán de esta antes de que se presente ante el Pleno.
“Estoy convencido de que debe ir a comisiones, creo que es conveniente ceder paso a la deliberación y discusión, las comisiones serán las que determinen el ritmo, vamos a darle autonomía a ellas, hay libertad y hay actitud digna de los legisladores”, dijo el zacatecano que hoy está distanciado de AMLO.
Habrá que ver si eso sucede, porque Monreal ya no tiene la menor influencia sobre la mayoría de los senadores lopezobradoristas que podrían, si así lo deciden, aprobar sin mayor trámite el Plan B en comisiones y enviarlo al Pleno para su inmediata votación y aprobación.
