La historia detrás del pleito entre FEMSA y el SAT La amenaza de Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de ejecutar procedimientos penales en contra de los accionistas de FEMSA —particularmente de su presidente José Antonio El Diablo Fernández—, si no pagaban los 8 mil 790 millones de pesos que estaban en litigio, tiene detrás de sí una historia de venganzas, relaciones que acabaron mal y la necesidad imperiosa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por recaudar más dinero para enfrentar la terrible crisis económica que atraviesa México.

La crónica de este choque se remonta a la campaña presidencial y tuvo uno de sus puntos más álgidos días antes de las elecciones, cuando el presidente de FEMSA –uno de los hombres de negocios más poderosos del Grupo Monterrey– envió a sus empleados una carta en la que les alertaba sobre la amenaza catastrófica de las políticas populistas de gobiernos como los de Luis Echeverría y José López Portillo. Junto con otros empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, entonces liderado por Alejandro Ramírez y Eduardo Tricio, y con el impulso de sus decanos Claudio X. González y Valentín Diez Morodo, El Diablo se jugó su última carta para evitar la llegada de AMLO a la Presidencia.

López Obrador resultó ganador con una ventaja apabullante y los empresarios que le jugaron en contra hicieron público un video para intentar recomponer la relación. Nada más ingenuo que eso para un hombre que no olvida a sus enemigos: públicamente les llama adversarios. El corporativo que representa “El Diablo”, quien está casado con una de las herederas del emporio que vale 24 mil millones de dólares, automáticamente se puso en la mira del nuevo gobierno, junto con otros a los que se les acusa de evadir impuestos mediante estrategias fraudulentas, las cuales justifican procedimientos penales en su contra.

Pero, así como el caso de los procedimientos contra Walmart de México, IBM y los que vienen en contra de Grupo Modelo (hoy propiedad de AB InBev), de la tecnológica Sofftek, de Blanca Treviño, y del propio Grupo Salinas, el affaire de FEMSA tiene otros vasos comunicantes que pasan por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar; por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y por el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

El caso de Carlos Salazar es el más relevante. Tras haber trabajado 45 años en FEMSA, el amigo personal de José Antonio Fernández decidió postularse para encabezar el CCE, impulsado por el Grupo Monterrey y a costa del jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace con empresarios de AMLO, Alfonso Romo, quien no tiene buena relación con ese club de multimillonarios.

Al principio, la jugada parecía dar resultados. Salazar presumía ser amigo del Presidente y que este tomaba sus llamadas cada cuando. Sin embargo, las críticas de muchos empresarios por su tibieza frente al Presidente y su doble cachucha con la que jugaba (aspira a ser candidato al gobierno de Nuevo León) lo hicieron estallar a principios de abril. “Si cae la economía 10%, el único culpable será quien nos cerró las puertas [el gobierno]”, dijo ante representantes regionales del CCE. “Si eso es lo que todos queremos [la revocación de mandato de López Obrador], unámonos, nada más que debemos de tener a 30 millones de mexicanos detrás de nosotros”, aderezó.

Las críticas cayeron como balde de agua helada en Palacio Nacional y entonces sí, AMLO le cerró la puerta a Salazar. Días más tarde le recordó que 15 grandes empresas –entre ellas FEMSA– le debían al fisco 50 mil millones de pesos y le pidió convocarlas a que paguen para que el gobierno pudiera otorgar créditos a microempresas. “Aquella vez, la relación entre AMLO y Salazar se rompió para siempre”, dice una fuente de Palacio Nacional.

La cereza en el pastel de esta mala relación se la puso el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien tras renunciar al gobierno de AMLO con una carta estridente en la que evidenciaba la intromisión y desconocimiento de la política económica del titular del Ejecutivo –lo cual hoy padece y soporta Arturo Herrera–, se fue a refugiar al Tec de Monterrey, del cual José Antonio Fernández es el presidente del Consejo.

Mario Maldonado

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