En su edición de esta semana, la prestigiada revista inglesa The Economist, publica un artículo titulado “The war against money-laundering is being lost (La guerra contra el lavado de dinero se está perdiendo)”.

Como prueba de que se está perdiendo dicha guerra, anota que en 2020 las instituciones financieras como bancos, uniones de crédito, administradoras de fondos y compañías de seguros tuvieron que pagar 10 400 millones de dólares por concepto de multas derivadas de violaciones a las leyes que buscan eliminar el lavado de dinero.

Más preocupante aún es el hecho de que esa cantidad superó en 80 por ciento el monto de las multas impuestas en 2019.

La revista cita tres casos recientes: A principios de este año, las autoridades le impusieron una multa de 390 millones de dólares al banco estadunidense Capital One por no proporcionar información sobre miles de transacciones sospechosas.

El banco danés Danske Bank está involucrado en un escándalo de lavado desde 2018, cuando se descubrió que más de 200 mil millones de dólares fueron lavados a través de la pequeña sucursal que tiene en Estonia. Ni los altos ejecutivos en las oficinas centrales en Copenhague ni los encargados de la sucursal en Tallin evitaron lo que ocurrió, pese a las altas cantidades de dinero involucrado.

Y dentro de unas semanas, los principales ejecutivos de NatWest, uno de los bancos más grandes del Reino Unido, tratarán de explicarle a las autoridades judiciales las razones por las cuales permitieron que uno de sus clientes depositara sin mayor problema 502 millones de dólares (365 millones de ellos en efectivo).

Para tener una idea de las dimensiones del delito, la revista cita un informe titulado Global Threat Assessment (Evaluación de amenazas globales), elaborado por John Cusack, el expresidente de Wolfsberg Group, una asociación no gubernamental de 13 bancos globales que desarrolla protocolos antilavado de dinero, calcula que en 2018 se cometieron delitos financieros por valor de 5.8 billones de dólares, un monto equivalente al 6.7 por ciento del PIB mundial.

De este dinero se intercepta solo el 0.2 por ciento, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que es un monto insignificante considerando las dimensiones del delito.

The Economist explica que, a pesar de la gran cantidad de leyes y reglamentos diseñados para prevenir el lavado de dinero, hay tres grandes problemas que dificultan el combate contra este delito: 1) falta de transparencia, que hace difícil identificar a los verdaderos dueños de empresas fantasma; 2) falta de colaboración entre los países y agencias gubernamentales y entre estos y las instituciones financieras y; 3) falta de recursos que impide que las agencias encargadas de investigar y perseguir los delitos puedan hacerlo con efectividad.

Todo esto resulta en que los criminales actúen con una alta impunidad.

También complica la situación la corrupción que genera el sucio negocio del lavado, tanto entre funcionarios encargados de perseguir el delito como entre empleados de las instituciones financieras que están para detectarlo y denunciarlo.

El artículo concluye que el panorama no es alentador y más si se toma en cuenta que es difícil que China coopere en el combate contra este delito.