El viernes pasado se aprobaron varias reformas al Estatuto General del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas). El objetivo fue eliminar el cuerpo colegiado que gobierna al Centro —el consejo académico—, para centralizar el poder en la figura del Director General. Si antes el Consejo Académico del CIDE participaba —con voz y voto— en la toma de decisiones que afectaban a la comunidad académica, ahora será un mero cuerpo “consultivo”; un adorno que recuerde los tiempos cuando las y los profesores participaban en las decisiones centrales, cuando había contrapesos y espacios colectivas de deliberación y toma de decisión. Pero si hacerlo un órgano meramente “consultivo” no era suficiente, las reformas además aseguran un órgano consultivo sumiso, con miembros nombrados principalmente por el Director.
El CIDE es un centro de excelencia, mundialmente reconocido por las investigaciones que producen sus investigadores y por sus programas docentes. Ha logrado convertirse en esto porque tiene procesos de selección de sus estudiantes y profesores que pasan por los cuerpos colegiados de la institución. Las contrataciones, evaluaciones y nombramientos son, las más de las veces, definidos por procedimientos deliberativos y competitivos. No son mecanismos perfectos, pero tampoco son discrecionales, ni la decisión de una persona. Los cambios que hoy hace el gobierno al CIDE debilitan esos mecanismos, si no es que los acaba de tajo. Debilitan así la posibilidad de seguir contando con un centro de investigación de excelencia para convertirlo en otra dependencia gubernamental, cuyos integrantes sean definidos por su afinidad al régimen o amistad con el encargado en turno. La nueva propuesta de Ley y Tecnología, además, apunta a que este es apenas es el primer paso para asegurar que en los centros públicos no sea produzca información que incomode al poder.
No usaré este espacio para defender la importancia del CIDE como universidad pública de calidad. Tampoco escribiré sobre el talante antidemocrático, vengativo y caprichoso de la directora de Conacyt, quien impulsa estos cambios. Quiero en cambio hacer notar los paralelos que existen entre lo que hoy hacen en el CIDE y lo que ha hecho —y sigue haciendo— este gobierno en otros ámbitos del gobierno: centralizar la toma de decisiones, eliminar contrapesos, abrir la puerta a la discrecionalidad en el uso del poder. Así ha pasado con la militarización, con las reformas al sistema electoral o al sistema educativo. Se han aprobado reformas —frecuentemente ilegales— para darle más poder a unos cuantos y capturar los espacios potencialmente detractores, garantes de la transparencia o instrumentales a la participación colectiva.
Todo esto, además, se hace con engaños. La militarización de espacios civiles no es militarización, es la desaparición del Ejército. La reforma electoral y el debilitamiento del órgano electoral autónomo, es para mejorar la democracia. ¿En el CIDE no habrá cuerpo colegiado con funciones de decisión? Estamos fortaleciendo la participación de la comunidad.
Quizás lo que más asombra —y asusta— de la reversa autoritaria que presenciamos es el cortoplacismo. Como los anteriores, los de hoy parecen olvidar que el poder no dura para siempre, y que algún día serán nuevamente la oposición, navegando en un sistema construido para aplastar a la disidencia.
